España: prohibirán donaciones económicas a partidos políticos

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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros (Moncloa)
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros (Moncloa)
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que el Consejo de Ministros ha analizado dos anteproyectos que constituyen el “núcleo esencial del plan de regeneración democrática”, presentado el 20 de septiembre, y responden al compromiso del Gobierno de luchar contra la corrupción.
El anteproyecto de ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos presenta como principal novedad la prohibición de donaciones de personas jurídicas.
Sáenz de Santamaría ha recordado que, hasta ahora, los partidos políticos podían recibir donaciones procedentes de personas físicas o jurídicas con el límite de 100.000 euros anuales, pero ahora se prohíben completamente. “Entendemos que cuando la donación la hace una persona física se produce como consecuencia de su vinculación política, de compromiso, por afiliación, simpatía o convicción inherente a la libertad individual de los ciudadanos. Por tanto, entendemos que ese tiene que ser el cauce lógico de financiación”, ha dicho.
Otra novedad es que las entidades de crédito no podrán condonar los créditos, de cualquier cuantía, que tengan con los partidos políticos. La vicepresidenta ha concretado que se entiende por condonación “las cancelaciones totales o parciales del principal del crédito o las renegociaciones de los tipos de interés por debajo del precio de mercado”.
Además, la futura ley contempla un régimen de devolución de las donaciones indebidas; establece la obligación de que los partidos, sin excepción, presenten sus cuentas al Tribunal de Cuentas; prohíbe recibir subvenciones a los partidos que no las hayan presentado; establece obligaciones tasadas en la contabilidad de los mismos; regula la figura del responsable de la gestión económica financiera del partido y su rendición de cuentas en el Parlamento; clarifica el régimen de infracciones y sanciones en materia de financiación y obliga a los partidos a establecer un procedimiento normalizado de contratación para incrementar la transparencia.

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