Los condenados por terrorismo no podrán ejercer altos cargos públicos

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El Gobierno español ha informado que el anteproyecto de ley reguladora del ejercicio del alto cargo en la Administración General del Estado presenta como novedad que los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad no podrán ser altos cargos mientras cumplan condena.
Tampoco lo serán los inhabilitados conforme a la ley concursal; los inhabilitados o suspendidos para empleo o cargo público; los sancionados por la comisión de una infracción muy grave de acuerdo con la Ley de Transparencia, y los condenados por determinados delitos contra las instituciones y las administraciones públicas, incluido el de terrorismo, mientras no se cancelen los antecedentes penales.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría también ha indicado que la futura ley establece el régimen general de incompatibilidades y la homologación de las declaraciones de actividades, bienes y derechos. Se trata de analizar “si el alto cargo se ha enriquecido de manera no justificada durante el desarrollo de su actividad”.

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