En estos días se cumplen 20 años de la tragedia que marcó a cientos de familias y a toda la sociedad argentina, el atentado terrorista que causó 85 muertos y centenares de heridos e hizo llegar a nuestra región la saña del terror provocado por el fundamentalismo. Ya en 1992 habían saltado las alarmas con el atentado a la Embajada de Israel en la misma ciudad, que dejó un saldo de 20 muertes, pero ante el estupor de este evento nadie pensó que otro ataque feroz iba a suceder, en este caso a una entidad de servicios sociales de larga trayectoria, de cuño judío pero prodigada en apoyos a la gente de cualquier origen y de condición humilde.
La investigación de estos actos criminales, de lesa humanidad, tuvo muchos vaivenes y contratiempos, actuaciones y silencios que desorientaron las pesquisas, obstáculos dispuestos para evitar conclusiones certeras, tanto a nivel de la Argentina como en el exterior. Este sinuoso camino ha victimizado aún mas a los familiares de los muertos, y a los mutilados que no acreditan que la mala fe, el desinterés o intereses políticos ocasionales, terminen alineándose obstaculizando el acercamiento a las verdades y la aplicación de la justicia, que no redime los dolorosos daños, pero al menos aclara la realidad. Una parte de la investigación ha concluido en el señalamiento de 7 iraníes y un sirio como participantes protagónicos del hecho, han sido requeridos a través de la policía internacional, pero la República de Irán se niega a cooperar.
17 y 18 de Julio compartimos en Buenos Aires con un grupo de Legisladores de países de la región, un encuentro contra el “terrorismo”, en el que reflexionamos sobre este flagelo que agrede la convivencia en las sociedades contemporáneas, constituyéndose en una persistente violación de los Derechos Humanos. En el marco de la conmemoración de los 20 años del atentado de AMIA, participamos también del acto alusivo y tuvimos ocasión de firmar una declaración con énfasis en compromisos políticos para la lucha contra el terrorismo. En esa instancia, me tocó, en representación de la delegación del Parlamento de Uruguay, comprometer nuestra iniciativa para que el tema del atentado y el curso de la investigación internacional,, sea puesto en la agenda de los organismos parlamentarios internacionales de la región, especialmente Parlamento Latinoamericano y Parlamento del Mercosur.
El pasado jueves 24 de julio, una semana después de esta reunión presentamos en la Comisión de DHH del Parlamento Latinoamericano una declaración relacionada con el tema en cuya parte resolutiva se expresa
“Su firme convicción de la necesidad que continúen las investigaciones judiciales relacionadas con el atentado de AMIA del que resultaron 85 muertes y cientos de heridos, hasta el esclarecimiento definitivo de los hechos, la identificación de sus responsables y ejecutores y la sanción de sus conductas.
Su reclamo para que las autoridades de Irán colaboren honesta, decidida y diligentemente en la investigación, brindando la información que se le requiere en este caso, así como facilitando que las personas, sea cual sea su jerarquía, sometidas a la investigación sean puestas a disposición de la Justicia competente.
Ningún Estado puede oponerse a las investigaciones que se realizan con el fin de esclarecer un crimen de lesa humanidad como sin duda es el atentado terrorista de AMIA”.
Lo insólito, para nosotros, es que los tres Diputados Argentinos que asistieron a esta reunión del Parlamento Latinoamericano se opusieron a la aprobación de la resolución que pretendía recoger solidaridad de parlamentarios de toda Latinoamérica, y sustentaron su posición argumentando que el Gobierno de su país no admitía que el tema se tratara en ámbitos internacionales pues el asunto era de estricto orden de la relación bilateral Argentina-Irán.
Sin duda una injusta respuesta al sano interés político de cooperar con el esclarecimiento del grave atentado. Y una incógnita; ¿por qué esta actitud?
Jaime Mario Trobo
Diputado-Uruguay
Miembro de la Comisión de DDHH del Parlamento Latinoamericano
Opinión
