Gobierno español analiza medidas para paliar los efectos del veto ruso

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La vicepresidenta del Gobierno español y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, ha presidido en el Complejo de La Moncloa, la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
En la primera reunión de la Comisión tras las vacaciones de verano se han analizado los asuntos que irán al próximo Consejo de Ministros que se celebrará el viernes 29 de agosto.
Mercado ruso
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha presentado un informe sobre las medidas adoptadas para paliar los efectos del cierre del mercado ruso.
Una de las principales medias es la retirada del producto del mercado para evitar caídas de los precios. Hasta el momento, dentro del Programa de Transformación de melocotón, nectarina y paraguaya fresca para zumo, España ha autorizado la transformación del cupo de 10.000 toneladas previsto. Por otro lado, la cantidad de fruta entregada a las organizaciones caritativas, a día 20 de agosto, asciende a más de 3.700 toneladas, el 37 por 100 del cupo. El Gobierno está analizando la posibilidad de incrementar el cupo de transformación en otras 5.000 toneladas.
Además, las medidas comunicadas por la Comisión Europea a lo largo del presente mes permitirán, cuando los productores lo consideren oportuna, la retirada de melocotón, nectarina, tomates, zanahorias, col blanca, pimientos, coliflores, pepinos y pepinillos, champiñones, manzanas, peras, frutos rojos, uvas de mesa y kiwis. Para estas retiradas la Comisión ha aprobado un presupuesto de 33 millones de euros en el caso de melocotón y nectarina, y de 125 millones para el resto de productos.
Anteproyecto de Ley de Protección Civil
El subsecretario del Ministerio del Interior ha presentado, por su parte, en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios el Anteproyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.
Se trata de una norma con la que se quiere mejorar la integración, coordinación y eficiencia de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas. El objetivo es afrontar de manera más rápida y eficaz la protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes, al tiempo que se actualiza el marco jurídico regulador de la materia y se incorporan los compromisos asumidos en el ámbito internacional y de la Unión Europea.