El Presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís Rivera valoró la coordinación existente entre el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial quienes en conjunto emprenden medidas para garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en el país.
“Continuamos con estos esfuerzos nacionales que nos permiten alcanzar importantes acuerdos para Costa Rica. Este paso que damos hoy contribuye con evidenciar la importancia de la Seguridad Ambiental y además reconoce que, un país más seguro es aquel que permite el acceso y el uso sostenible de sus recursos naturales, con ecosistemas productivos y saludables para mejorar la calidad de vida de su población”, señaló.
Las declaraciones las realizó el jefe de Estado en el marco de la creación de una comisión en la que participen las diferentes instituciones estatales, a fin de promover un conocimiento uniformado y consolidado de la materia penal ambiental del país.
La Comisión Nacional de Seguridad Ambiental tendrá la labor de promover la coordinación entre los entes nacionales e internacionales para el fortalecimiento de la aplicación y cumplimiento de las normas que regulan la materia ambiental, en el ordenamiento costarricense.
“Este es otra gran paso que damos en esta administración para la protección de la Biodiversidad que tenemos en nuestro país, con esta Comisión, Costa Rica puede estar segura que castigaremos fuerte cada delito que se cometa contra nuestra riqueza natural y no nos temblará la mano para enviar a la cárcel de ser necesario, una vez que sea comprobado el acto de delincuencia”, expresó el Ministro de Ambiente y Energía, Edgar Gutiérrez.
En esta línea la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva aseguró que el combate a los delitos ambientales es una de las prioridades de cada Estado, ya que su descuido conlleva a una serie de consecuencias económicas, sociales, ambientales, de biodiversidad y seguridad, entre otros factores.
“El combate de los delitos ambientales constituye una prioridad de los Estados, debido al impacto negativo que acarrean, resulta necesario continuar realizando esfuerzos permanentes para lograr una mayor eficacia en la denuncia, investigación y juzgamiento de estos delitos, de igual forma debemos enfocar esfuerzos hacia la sensibilización de la población” afirmó.
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