La operación Carne Débil, lanzada hace poco más de una semana por la Policía Federal (PF), sacó a la luz un debate sobre la calidad de la carne producida y comercializada en Brasil. En medio de las denuncias contra frigoríficos e inspectores, embargos comerciales y la garantía del gobierno de que la carne brasileña es confiable, Agência Brasil elaboró una serie de preguntas y respuestas para aclarar algunas dudas relacionadas con las investigaciones.
¿Qué investiga la Operación Carne Débil?
De acuerdo con la Policía Federal, la Operación Carne Débil tiene como objetivo desbaratar un esquema de corrupción que involucra a inspectores agropecuarios al servicio del Ministerio de Agricultura, bien como dueños de frigoríficos en los estados de Paraná, Minas Gerais y Goiás.
La PF afirma que los inspectores bajo investigación desembolsaron sobornos de empresas para emitir certificados sanitarios sin la debida inspección de los productos y que la trama permitió comercializar carne vencida y adulterada. Además, algunas empresas habrían utilizado sustancias para “maquillar” la carne en estado caduco.
¿Quien está siendo investigado en la operación Carne Débil ?
En total, la justicia brasileña emitió 27 órdenes de prisión preventiva, 11 de prisión temporal, 77 de conducción forzosa a declarar y 194 de busca y captura. La policía investiga a un total de 21 frigoríficos. A su vez, el Ministerio de Agricultura expulsó a 33 inspectores de sus funciones. Los investigadores creen que dos funcionarios del Ministerio de Agricultura son los líderes de la trama delictiva, y señalaron que la trama tiene ramificaciones con otros líderes en las ciudades de Londrina y Foz do Iguaçu, en el sureño estado de Paraná) y Goiânia, en la región Centro-Oeste. Las autoridades suspendieron la comercialización de productos procedentes de tres frigoríficos: la planta de BRF en Mineiros (Goiás) y la planta de Pecchin Agro Industrial en Jaraguá do Sul (Santa Catarina).
¿Cómo empezaron las investigaciones?
Las investigaciones iniciaron tras una denuncia del inspector agropecuario Daniel Gouvêa Teixeira, en 2015. En aquel entonces, denunció que funcionarios estaban siendo removidos de sus funciones para satisfacer a los intereses de los empresarios. Afirmó que tomó conocimiento de la existencia de una trama corrupta que implicaba a inspectores y a altos funcionarios del Ministerio de Agricultura en Paraná.
A raíz de la denuncia, la policía autorizó escuchas telefónicas y el levantamiento del secreto bancario de los sospechosos. Las pruebas recolectadas y los testimonios sirvieron de base para la operación.
¿Cuáles fueron las consecuencias de la operación?
Además de los arrestos, declaraciones forzosas e incautaciones llevados a cabo de la Policía Federal, la operación dejó a los consumidores más cautelosos. En el mercado exterior, la operación resultó en suspensión de la exportación de carne brasileña a 14 países y a la Unión Europea.
El gobierno ha sumado esfuerzos para recuperar la credibilidad de la carne brasileña. El ministro de agricultura, Blairo Maggi, fue al Senado para dar explicaciones sobre las inspecciones. También participó en procedimientos de inspección en un frigorífico en Paraná y en un supermercado de Brasilia. Por otra parte, el gobierno mantiene conversaciones con autoridades de otros países en un intento de levantar las restricciones sobre la carne brasileña. El presidente Michel Temer llegó a declarar que la carne brasileña es la mejor del mundo”.
La cartera de Agricultura también anunció que separó de sus cargos a los funcionarios mencionados en la operación y despidió a algunas personas que ejercían cargos de confianza.
¿Qué dicen al respecto las empresas?
BRF y JBS intentaron minimizar el impacto causado por las denuncias. A través de campañas de publicidad, trataron de refutar los datos presentados por la policía. JBS sostiene que no se ha hecho ninguna mención a irregularidades sanitarias cometidas por la empresa y que ninguna de sus fábricas fue cerrada. La empresa también resaltó que ningún de sus ejecutivos fue mencionado en la operación.
BRF negó que haya vendido carne no apta al consumo y atribuyó la acusación de que mezclaba la carne de res molida con cartón a una interpretación errónea de la Policía Federal en el audio captado durante las investigaciones. Agregó que el Ministerio de Agricultura cerró su fábrica de Mineiros como una medida de precaución, pero estima que la planta volverá a operar pronto. Aseguró que cooperará con las investigaciones para prevenir prácticas de corrupción en la empresa.
El frigorífico Argus, que tuvo a uno de sus empleados acusados de acceder sin permisión al sistema de inspección del Ministerio de Agricultura, negó las acusaciones a través de su página en Facebook. Por su parte, JJZ Beef, de Goiânia, dijo que el informe policial de 353 páginas menciona el nombre de la empresa en un único párrafo y dijo que confía en que no se encontrarán irregularidades.
El frigorífico Rainha da Paz también declaró que no hay irregularidades y se comprometió a cooperar con las investigaciones. Las otras empresas mencionadas no se pronunciaron sobre el operativo en sitios oficiales o en redes sociales.
¿Cuáles son los próximos pasos de la investigación?
En una declaración hecha el último martes (21), tras recibir críticas sobre la forma como dio a conocer las primeras informaciones sobre el operativo, la Policía Federal afirmó que las irregularidades detectadas son puntuales y que “no representan un mal funcionamiento generalizado del sistema sanitario brasileño”.
Ese mismo martes, terminó el plazo para la prisión temporal de 11 acusados, y tres órdenes de prisón fueron aplazadas. Todavía no se ha estimado ninguna fecha para crear un nuevo grupo de trabajo en el operativo ni de levantar la suspensión de los frigoríficos.
¿Cómo la ley prevé que se realicen las inspecciones?
La ley que regula la inspección de productos de origen animal establece la obligatoriedad de emitir un certificado del SIF (Servicio de Inspección Federal) para comercializar productos cárnicos en todo el país y realizar exportaciones. Para emitir un certificado del SIF, la empresa debe cumplir con una serie de requisitos técnicos y sanitarios en sus plantas. Bajo la ley, un producto debe ser examinado en todas las etapas del proceso productivo y hay funcionarios encargados de trabajar dentro de los frigoríficos, manteniendo una estrecha vigilancia sobre el sacrificio de los animales y otras etapas de la producción.
Además del certificado SIF –emitido por el Departamento de Inspección de Productos de Origen Animal, un órgano perteneciente al Ministerio de Agricultura–, existe también el Servicio de Inspección Departamental (SIE), responsable de autorizar la comercialización dentro de los estados, y el Servicio de Inspección Municipal (SIM), responsable de autorizar la comercialización en los municipios.
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