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Buenos Aires: Piden indagar a 45 personas acusadas por contrabando de más de U$S 435 millones

Se trata de 34 personas físicas y de 11 personas jurídicas. Entre los imputados se encuentran tres ex funcionarios aduaneros de alta jerarquía: Daniel Santanna, Edgardo Paolucci y Eduardo Bernardi. Se identificaron 567 hechos cometidos durante 2014 y 2015

Foto: archivo fiscales

La fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 6 de Argentina, Gabriela Ruiz Morales y los fiscales cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta, solicitaron el viernes pasado al juez Marcelo Aguinsky la citación a prestar declaración indagatoria de 34 personas físicas y de 11 empresas por su participación en complejas maniobras de contrabando documentado -por un total de 567 hechos, de los cuales 35 fueron en grado de tentativa- ocurridas durante los años 2014 y 2015, que significaron un perjuicio económico para el Estado Nacional calculado en más de 435 millones de dólares.

En la pesquisa se pudo establecer el montaje de un complejo entramado de empresas y personas físicas que, ocultando la real identidad de los importadores y a través de la presentación ante el servicio aduanero de documentación falsa, ingresó a nuestro país elementos diferentes a los documentados (con menor carga arancelaria), con el fin último de someter la mercadería importada a un tratamiento aduanero o fiscal distinto al que hubiese correspondido (y también con el fin de ingresar mercadería diferente de la declarada clandestinamente), en tanto esas declaraciones mendaces implicaron en cada caso abonar al Fisco Nacional menos tributos aduaneros que los que legalmente correspondían.

La solicitud del Ministerio Público Fiscal se hizo extensiva a los integrantes del servicio aduanero argentino con funciones de guarda y/o verificación en la Terminal 5 del Puerto de Buenos Aires y en los depósitos fiscales Terminal Carga Tigre (TCT) y Carestiba, y dejó abierta la imputación “a toda otra persona que hubiese ejercido funciones de control sobre la operatoria”. También se pidió la indagatoria de tres importantes ex funcionarios de la Dirección General de Aduanas: Daniel Santanna, entonces subdirector General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, y sus subordinados Edgardo Rodolfo Paolucci, director de Aduanas Metropolitanas I, y Eduardo Alfredo Bernardi, director de Aduanas Metropolitanas II.

En su extenso dictamen de 200 páginas -elaborado en el Área Operativa de Delitos Tributarios y Aduaneros de la Procelac, a cargo de Mariela Palese-, los fiscales indicaron que los comportamientos imputables “a los funcionarios que tuvieron a su cargo el control de las operaciones ─y, en consecuencia, la obligación que de aquéllas no sobrevinieran resultados lesivos─ se funda en que aquellos se apartaron del cumplimiento de las normas que regían sus actividades”. De ello, agregaron, se colige “la realización de conductas jurídico-penalmente relevantes por medio de un accionar doloso, en la medida en que los graves sucesos que ocurrieron en las áreas de la Aduana en la que cada uno actuaba, al menos, durante los años 2014 y 2015, no pudieron tener lugar sino como consecuencia de que aquellos conocían efectivamente lo que allí ocurría”.

A través de la investigación se identificaron complejas maniobras llevadas a cabo en el ámbito del Puerto de Buenos Aires, que apuntaban a la concreción (o, en otros casos, el intento de lograrla) de cuantiosas operaciones de importación durante un período sostenido. En las operaciones intervinieron diferentes operadores (despachantes, agentes de transporte aduanero, etcétera), quienes, a través del ingreso de datos falsos en los registros informáticos del servicio aduanero y en sus declaraciones juradas, como así también mediante el aporte de documentación apócrifa al organismo, falsificaban la real cantidad, peso, calidad y/o especie de las mercaderías que pretendían nacionalizar, y que en algunos casos se nacionalizaron.

En esta oportunidad, el objeto del pedido de indagatorias comprende la comisión de 567 hechos de contrabando ocurridos durante 2014 y 2015, de los cuales 35 quedaron en grado de tentativa, pues la salida del Puerto de Buenos Aires de esos contenedores fue bloqueada en mayo de 2016 por el juez de la causa, al inicio de la investigación, impulsada por una denuncia presentada por la Procelac. Con posterioridad, se sumó la causa iniciada a partir de diversas publicaciones realizadas por el periodista Matías Longoni en el diario Clarín.



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