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Brasil: la corrupción es causa del 66% de casos de expulsión del empleado federal en 2017

Paula Laboissière - Repórter de Agência Brasil

El Ministerio de Transparencia y Contraloría General de la Unión (CGU) anunció hoy que el enfrentamiento a la impunidad en el Poder Ejecutivo Federal resultó en el 2017 en la expulsión de 506 agentes públicos por implicación en corrupción y actividades contrarias al Régimen Jurídico de los Servidores (Ley nº 8.112 / 1990).

El principal motivo de las expulsiones fue la práctica de actos relacionados con la corrupción, con 335 de las penalidades aplicadas o el 66% del total. Ya abandono de cargo, inasiduidad o acumulación ilícita de cargos aparecen a continuación, con 125 de los casos. También figuran entre las razones proceder de forma desidiosa (negligencia) y participación en gestión o administración de sociedad privada.

Entre los actos relacionados con la corrupción están validad del cargo para lograr provecho personal; la recepción de propina o ventajas indebidas; utilización de recursos materiales del reparto en servicios o actividades particulares; improbidad administrativa; lesión a las arcas públicas y dilapidación del patrimonio nacional.

De acuerdo con el balance, a lo largo de todo el año pasado, se registraron 424 despidos de funcionarios efectivos; 56 casaciones de jubilaciones y 26 destituciones de ocupantes de cargos en comisión. Los datos no incluyen empleados de empresas estatales como Caixa Econômica Federal, Correos y Petrobras.

El expulsiva Informe penas se publica mensualmente en Internet con el fin de informar sobre la actividad disciplinaria llevada a cabo bajo el Ejecutivo Federal.

El ministerio aún mantiene expulsiones Registro de Administración Federal , que permite consultar, en detalle, el castigo aplicado al servidor, media del cuerpo, la fecha de castigo, la unidad y la Federación motivos legales. La fuente de la información es el Diario Oficial de la Unión.

Impedimentos

Según el CGU, servidores apenados en los términos de la Ley Ficha Limpia quedan inelegibles por ocho años. A depender del tipo de infracción cometida, ellos también pueden quedar impedidos de volver a ejercer cargo público.

“En todos los casos, las conductas irregulares quedaron comprobadas tras la conducción de Proceso Administrativo Disciplinario (PAD), conforme determina la Ley nº 8.112 / 1990, que garantizó a los involucrados el derecho a la amplia defensa y al contradictorio”, informó el organismo.

Equilibrio

Desde 2003, el Gobierno Federal ha expulsado a 6.714 servidores. De ellos, 5.595 fueron despedidos; 549 tuvieron la jubilación destituida; y 570 fueron alejados de sus funciones comisionadas.

En los últimos 15 años, las unidades federativas con más castigos fueron Río de Janeiro (1.211), Distrito Federal (800) y São Paulo (716). Ya las carpetas con la mayor cantidad de expulsiones fueron el Ministerio de Desarrollo Social y Agrario – que absorbió el INSS; seguido por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.



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