La propuesta ley contra el crimen que el gobierno federal presentará al Congreso pronto hará que los cambios en el Código Penal y de Procedimiento Penal, en las palabras del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro. En la práctica, el proyecto establece que los jueces podrán reducir a la mitad o incluso dejar de aplicar la pena a agentes de seguridad pública que actúen con “exceso” motivado por “miedo, sorpresa o violenta emoción”.
“No estamos ampliando la legítima defensa. “Estamos apenas dejando claro, en la legislación, que determinadas situaciones la caracterizan”, comentó el ministro, negando que la subjetividad del texto presentado hoy (4) sirva de estímulo para que agentes de seguridad pública actúen con violencia desmedida e innecesaria.
“Lo que la propuesta hace es quitar dudas de que aquellas situaciones específicas allí descritas caracterizan la legítima defensa”, agregó Moro, negando que se trata de una licencia para que los funcionarios públicos maten bajo la justificación de haber sido amenazados al cumplir sus funciones.
>> Véase íntegro el proyecto de ley
“Muchas veces, en situaciones de legítima defensa, el exceso puede derivarse de una situación peculiar de miedo, sorpresa o violenta emoción”, explicó el ministro a periodistas, luego de reunirse con gobernadores, vicegobernadores y secretarios de Seguridad Pública con quienes discutió los principales puntos del paquete de cambios legales para intentar reducir la impunidad y los crímenes violentos, de corrupción o practicados por facciones criminales.
“Lo que estamos planteando es que la legítima defensa ya está [prevista] en el Código Penal. La legislación establece que si alguien actúa en legítima defensa no responde por el crimen, sino por el exceso doloso [con intención de matar] o culposo [sin intención de matar]; si la persona excedió o no el ejercicio de la legítima defensa”, declaró Moro, argumentando que la propuesta del gobierno sólo regula algo que, según él,” en la práctica, los jueces ya lo hacen”.
El proyecto también admitirá como legítima defensa las situaciones en que, durante un conflicto armado o ante un riesgo inminente de conflicto armado, un agente de seguridad pública actúe para prevenir “injusta e inminente agresión contra sí o contra terceros”, así como para prevenir que las víctimas mantenidas rehenes sufren “agresión”.
