Gobierno de Ecuador denuncia que Rafael Correa, Maduro y Assange quieren desestabilizar el país

El secretario de Comunicación del gobierno, acusa al presidente venezolano de financiar los ataques de Julian Assange, para acabar con la paz de Ecuador y de la región, incluso vincula en el plan al exmandatario ecuatoriano Rafael Correa

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Julian Assange cuando estuvo asilado en la embajada de Ecuador en Londres (Foto Cancillería)

El gobierno del Ecuador ha denunciado que el expresidente Rafael Correa, Nicolás Maduro y el asilado Julian Assange, quieren desestabilizar el país.

Andrés Michelena, secretario de Comunicación de la Presidencia de Lenin Moreno, acusa al presidente venezolano Maduro de financiar los ataques de Julian Assange, para acabar con la paz de Ecuador y de la región, incluso vincula en el plan al exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, según informa el diario El Telégrafo

El secretario de Comunicación del gobierno, acusa al presidente venezolano de financiar los ataques de Julian Assange, para acabar con la paz de Ecuador y de la región, incluso vincula en el plan al exmandatario ecuatoriano Rafael Correa. La estadía en Londres del “huésped incómodo”, como denominó el presidente Lenín Moreno a Julian Assange en enero de 2018, está bajo un profundo análisis por las autoridades ecuatorianas.

Esto ocurre por el incumplimiento del fundador de WikiLeaks del Protocolo Especial de Visitas, Comunicaciones y Atención Médica, que implementó el Gobierno en octubre de 2018.

El documento señala que las infracciones “podrán dar lugar a la terminación del asilo diplomático por parte del Estado ecuatoriano, con arreglo a los instrumentos internacionales pertinentes”.

El internacionalista Carlos Estarellas sostuvo que Julian Assange “ha violado todas las normas del derecho del asilo desde hace ya algún tiempo atrás” y que lo sucedido en los últimos días en contra del presidente Moreno es grave y por ello se deben tomar medidas pertinentes. “Lo que procede es que, de acuerdo con el derecho internacional, Ecuador le quite el asilo, cuyo proceso es de inmediato. Yo aspiro a que el Gobierno y el Canciller (Jose Valencia) actúen en derecho”, puntualizó Estarellas.

Investigan fondos que entregó el régimen de Nicolás Maduro a Rafael Correa

El secretario Anticorrupción, Iván Granda, acudió el miércoles en Quito a la Fiscalía General del Estado (FGE) para entregar la documentación que permita investigar la licitud de los fondos enviados por parte del régimen de Nicolás Maduro hacia el expresidente Rafael Correa, a través de la Fundación de Pensamiento Político “Eloy Alfaro”.

Esta entrega de documentos se enmarca en el proceso de investigación que abrió de oficio la fiscal general del Estado (e), Ruth Palacios, ante la denuncia pública que hizo el presidente de la República, Lenin Moreno, en Chile el pasado 22 de marzo.

Granda manifestó que, en 2018, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) transfirió USD 281.000 a dicha fundación para alimentar cuentas personales de ex funcionarios, un “dinero que pudo alimentar a 1.170 familias venezolanas en un año (..). Indigna ver cómo se usan los recursos de la sociedad venezolana que hoy se debate entre la miseria y que vive la crisis humanitaria más grande de su historia”, sentenció.

El funcionario explicó que la documentación presentada a la Fiscalía muestra el estatuto de creación de la Fundación e indica quiénes son sus socios, qué actividades realizan, cómo a través de su página web difunden actividades políticas y la contratación de abogados, como es el caso del abogado italiano Antonio Ingroia. Al respecto, recalcó que Ingroia, en declaraciones de prensa, señaló que la Fundación “Eloy Alfaro” le pagó para defender jurídicamente al expresidente Correa en el caso del secuestro del ciudadano Fernando Balda.

Este instituto tenía como único fin cuestiones de pensamiento político. No puede ejercer acciones de defensa de un proceso penal”, puntualizó.

Posteriormente, el secretario Anticorrupción llegó hasta la Cancillería para entregar los documentos al Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, José Valencia, para que esa cartera de Estado también investigue cómo esa fundación generó actividad política prohibida por la ley.

La ley ecuatoriana establece que las fundaciones tienen fines determinados; aquí hay un conflicto ético sin precedentes”, recalcó. Agregó que será la Fiscalía la entidad que deberá llamar a los involucrados a rendir versión.

Por su parte, el Canciller José Valencia ratificó que se realizará la investigación de este caso, por lo que “la Cancillería ingresará la petición por los canales oficiales” de conformidad con el marco legal establecido en el Decreto Ejecutivo 193, expedido el 23 de octubre de 2017, y que norma los derechos y obligaciones que tienen las fundaciones y asociaciones en el país, y el Acuerdo ministerial 0075, del 16 de agosto de 2017, que concedió la personería jurídica a esa institución para su funcionamiento.

Valencia recalcó que el proceso que seguirá esa cartera de Estado será a través de una vía administrativa y que las acciones posteriores se determinarán una vez que se haya constatado el accionar de la Fundación Eloy Alfaro.

 

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