Nicaragua aprueba ley de Amnistía para liberar a personas que han cometido violaciones a los DD.HH en protestas

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Presidente de Nicaragua Daniel Ortega (Foto ONU)

El Parlamento de Nicaragua aprobó este sábado la propuesta de “Ley de Amnistía” presentada por el Ejecutivo este viernes, la medida busca absolver de responsabilidad a quienes han cometido delitos contra los DD.HH en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha.

La iniciativa prevé que cierren las causas administrativas y penales, y se abstengan de ejecutar sentencias, además de proponer cancelar los antecedentes penales de las personas beneficiadas con la amnistía, incluyendo “delitos políticos y comunes conexos”.

El parlamento dominado por la mayoría oficialista perteneciente al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) dio carácter urgente a la instancia gubernamental, por lo que se sacó adelante esta iniciativa por 70 votos a favor y 15 en contra, pese a tener críticas de la oposición y de organismos internacionales pro DD.HH como la ONU, quienes consideran que el Ejecutivo y las Fuerzas de Seguridad del Estado han actuado de forma criminal contra los ciudadanos en las manifestaciones.

Denuncias de la ONU

Por otra parte la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet denunció que las Fuerzas de Seguridad de Nicaragua y grupos armados progubernamentales han incurrido en graves faltas a los Derechos Humanos en el país en complicidad con las autoridades de gobierno, por lo que el Ejecutivo encabezado por Daniel Ortega tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas.

“El uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía que, en algunos casos, resultó en ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas, casos de tortura y violencia sexual, y detenciones arbitrarias o ilegales generalizadas, ocasionalmente cometidas por elementos armados progubernamentales con la aquiescencia de las autoridades”, detalló.

En este sentido la representante del organismo internacional instó al Gobierno que dé marcha atrás a la Ley de Amnistía, que beneficiaría a eventuales responsables de violaciones de los derechos humanos en las innumerables protestas contra Daniel Ortega que empezaron en abril de 2018.

Ante esto especificó que las movilizaciones en el país han provocado más de 300 fallecimientos, 2000 heridos, la encarcelación de centenares de opositores gubernamentales y el procesamiento de 700 personas.

“Las amnistías por graves violaciones de los derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional.Crean impunidad, lo que puede conducir a nuevas violaciones”, enfatizó. Además, resaltó que “pueden socavar el derecho de las víctimas a un recurso efectivo, incluidas las reparaciones y el derecho a la verdad”, expresó.

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