La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que Colombia, Venezuela, Cuba y Honduras sufren serias carencias en la defensa de los Derechos Humanos.
Las conclusiones del organismo se encuentran dentro del contexto de la presentación de su informe anual en esta materia, correspondiente al 2011, donde explica que en estos países es donde se producen las mayores violaciones a los derechos fundamentales de las personas en América Latina.
El dossier que cuenta con cinco capítulos y contiene secciones especiales sobre la situación de derechos humanos en Colombia, Cuba, Honduras y Venezuela, países que la CIDH consideró que merecían especial atención en 2011.
Entre esto destaca que Colombia es victimas de los grupos paramilitares y actividades ilegales de inteligencia, las que generan violencia y considera que es “fundamental que se adelanten investigaciones con celeridad y se tomen acciones para impedir hostigamientos y atentados contra las denunciantes de violaciones y a sus familiares”.
Por otra parte Cuba es víctima, según la organización en defensa de los DD.HH, de una serie de restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de elecciones, la falta de independencia del poder judicial y las restricciones a la libertad de movimiento, entre otras.
La CIDH expresó a la ves su preocupación por lo que sucede en Honduras, donde la población, tiene graves problemas estructurales en materia de justicia, seguridad, marginación y discriminación, destacando la situación que viven los periodistas, las defensoras y los defensores de derechos humanos, los campesinos del Bajo Aguán, los pueblos indígenas, entre otros sectores de la sociedad.
En la misma línea el informe resalta la situación de Venezuela, donde “la situación de inseguridad ciudadana y altos índices de violencia y la impunidad en la que quedan la mayor parte de los crímenes cometidos contra la población”, asegura un comunicado del organismo, agregando que, esta situación se ve mermada por la falta de independencia e imparcialidad en la estructura del poder judicial.
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