El vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, su novia, Agustina Kampfer, junto a dos de sus presuntos testaferros, Alejandro Vandenbroele y José María Núñez Carmona, fueron imputados por la justicia por lavado de dinero, encubrimiento y enriquecimiento ilícito.
La causa se sustancia en el juzgado federal a cargo del juez Ariel Lijo. El fiscal federal Jorge Di Lello pidió la apertura de la investigación para determinar la veracidad de la denuncias contra Boudou.
El denunciante es el reconocido periodista de investigación Christian Sanz, quien dirige el medio digital Tribuna de Periodistas. La denuncia la presentó junto a su abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, quienes en febrero de este año realizaron esta nueva presentación ante la Justicia.
Tribuna de Periodistas, publicó en la fecha un artículo firmado por Christian Sanz, donde expone lo siguiente:
“La imputación que este lunes hizo el fiscal Jorge Di Lello sobre la figura del vicepresidente Amado Boudou, tiene una trascendencia mayor que la que muchos creen. Si el investigador judicial se atrevió a avanzar sobre el relevante funcionario, esto significa claramente dos cosas:
1-Que los datos aportados por quien escribe estas líneas lo han conducido a un terreno firme de sospecha de corrupción.
2-Que está dispuesto a sufrir la embestida que el oficialismo le preparará de manera indefectible. Aún así, se animó a hace lo que corresponde.
Pocos investigadores se atreverían en estos días de aguas turbulentas a hacer una jugada semejante. Requiere en verdad de una valentía a prueba de balas.
Como sea, Di Lello ha iniciado un camino sin retorno, el cual seguramente no será refrendado por el juez a cargo del expediente, Ariel Lijo, recordado —dicho sea de paso— por haber jurado en año 2004 como magistrado Federal ante Néstor Kirchner.
Este último ha sido el mismo que se hizo tristemente célebre por haber sobreseído a Guillermo Moreno en un expediente vinculado a Papel Prensa.
No importa lo que ocurra a futuro: aunque la causa judicial no avance, Boudou ya ha sido tocado. Sus aspiraciones presidenciales acaban de morir en el mismo acto en el cual el fiscal lo imputó por enriquecimiento ilícito y blanqueo de activos de origen delictivo. ¿Cuántos antecedentes similares existen en el seno del kirchnerismo, con funcionarios de tal relevancia?
Cabe a esta altura una nueva pregunta: ¿Insistirá ahora Cristina en sostener a su vice? Probablemente, sí. Ya lo ha respaldado en momentos aún más complicados y ceder ahora sería como arrojar la toalla ante la voracidad mediática.
Un dato sintomático lo da el silencio que estas horas impera en el seno del oficialismo. Ningún funcionario —ni de primera ni de segunda línea— ha hablado aún sobre la imputación sobre Boudou. Es un tópico que denota preocupación oficial.
En fin, no son buenos días para Cristina Kirchner: con una fuerte baja en las encuestas y un año que se muestra esquivo a nivel financiero, la nueva embestida contra su vice configura una suerte de salvavidas de plomo”.
La denuncia
La denuncia presentada por Christian Sanz la explica el propio periodista en su medio de prensa: “El escándalo que salpica al vicepresidente Amado Boudou en torno a sus vínculos con empresarios que oficiarían de testaferros suyos en negocios millonarios con el Estado —que recrudeció gracias a la adquisición de la ex firma Ciccone— no deja de deparar sorpresas día tras día.
Gracias al testimonio de la ex mujer de Alejandro Vandenbroele, uno de los supuestos prestanombres de Boudou, se pudo descubrir la punta del ovillo de una trama que hoy ha impulsado una investigación judicial por supuestas negociaciones incompatibles que roza al referido funcionario.
Sin embargo, hay un punto que pocos han puesto a consideración y es el que está vinculado al eventual enriquecimiento ilícito del ex Ministro de Economía. Se trata de un delito que está tipificado en el artículo 268 del Código Penal.
Por ese motivo, quien escribe estas líneas ha presentado una denuncia penal —junto al abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten— en las últimas horas en la que pide que se investigue la configuración de los delitos de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo (Art. 277 del Código Penal) y enriquecimiento ilícito. La causa lleva el número 1999/2012 y quedó radicada en el Juzgado Federal Nro. 4 a cargo del juez Ariel Lijo”, explica el denunciante.
La causa lleva el número 1999/2012 y su texto completo se puede ver a continuación:
Denuncia_Boudou
Opinión
