Ministra de Sanidad asegura que emigrantes tendrán atención primaria

En una entrevista en RNE, la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha asegurado que muchos inmigrantes irregulares no quedarán excluidos de la atención primaria dado que las comunidades autónomas trabajan para llegar a acuerdos con organizaciones que ayudan a estos colectivos.
En el programa En días como hoy, la ministra dijo en que las medidas recogidas en el Real Decreto para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud pretende atajar, entre otras cosas, los abusos que se producen por ciudadanos extranjeros de nuestro sistema sanitario. La ministra ha insistitido en que siguen teniendo acceso a la sanidad hasta los 18 años, en la maternidad y en las urgencias, pero ya no a una tarjeta sanitaria que da acceso a toda una cartera de servicios para la que “había que fijar unos requisitos más allá del empadronamiento, que es muy fácil”.
Sin embargo, ayuntamientos como el de Gandía han manifestado que cuando un ciudadano no comunitario pretenda empadronarse en la localidad, el ayuntamiento remitirá toda la información de la persona a la Comisaría de Policía para que la investigue, ya que sin esto no podrá empadronarse y obtener accesos a los sistemas de salud, en una medida considerada como ilegal por varios colectivos.
Andalucía y el País Vasco recurrirán el Decreto Real ante el Tribunal Constitucional y el Consejo General de la Abogacía señala que es una vulneración del derecho humano a la salud.
Carlos Villán Durán, Presidente de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
(AEDIDH), declaró ante la ONU en Ginebra el 7 de mayo de este año que: “El acceso a la sanidad pública tampoco se garantiza en condiciones de igualdad, sobre todo en lo referente a las personas migrantes en situación administrativa irregular. El informe conjunto las OSC puso de manifiesto los impedimentos burocráticos que sufre el colectivo migrante en el disfrute efectivo del derecho a la salud, pese al reconocimiento formal del acceso a la sanidad pública en condiciones de igualdad con la población española.
Pues bien, con posterioridad a la presentación de nuestro informe, el 24 de abril de 2012 el Gobierno aprobó un reforma del sistema de sanidad en la que, entre otras medidas, rechaza expresamente el acceso a la sanidad pública de las personas sin autorización de residencia en España, reconociéndoles únicamente la posibilidad de acudir al servicio de urgencias y la asistencia al embarazo, parto y postparto”, expresó el presidente de AEDIDH.