El gobierno de Costa Rica, al mando de la presidenta Laura Chinchilla, reformó el Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, con el objetivo de luchar y prevenir la corrupción en el país centroamericano.
Ante esto se informó que “el Reglamento a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito hace un esfuerzo, dentro del ámbito que le permite la ley respectiva, por regular algunos mecanismos para identificar señales de corrupción, uno de ellos es el requisito que tienen algunos funcionarios públicos de declarar su patrimonio, tanto al inicio, anualmente, como al final de su nombramiento”, reza un comunicado de prensa de la presidencia de Costa Rica.
De esta forma el gobierno de Chinchilla, busca articular las estrategias necesarias para frenar la corrupción, de forma eficaz y actualizando todos los parámetros involucrados en este ilícito, comprometiendo a los poderes e instituciones del Estado en esta iniciativa.
En esta línea se dijo que la omisión a la ley, se da en respuesta a una redacción poco precisa de la normativa.
El gobierno de Costa Rica, “aboga por enfrentar la corrupción de manera inteligente y efectiva, revisando y actualizando frecuente y periódicamente las estrategias, normativa e institucionalidad, para generar un esfuerzo articulado y constante, que involucre a todos los poderes e instituciones del Estado, así como a la población en general”, informó el gobierno de Chinchilla.
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