Los manifestantes recordaron que la gestión de Candia Amarilla como fiscal general del Estado, estuvo marcado por la muerte de 21 campesinos, la imputación de 496 dirigentes y la detención de unos 1.400 labriegos que mantenían distintas reivindicaciones al Estado.
“Con Candia Amarilla como fiscal general del Estado (2005-2011), la Fiscalía cumplió un estratégico papel de represión y criminalización del campesinado que se organizaba y reclamaba por sus derechos más elementales y por revertir la histórica injusticia de la concentración de tierras a nivel nacional, la mayoría de ellas malhabidas”, indica un comunicado emitido hoy por la ONG Base-IS.
“En contrapartida, cuando se trataba de denuncias del campesinado hacia sectores latifundistas, contra amenazas a la vida, degradación ambiental, intoxicaciones y otros tipos de violaciones de derechos humanos, la Fiscalía se caracterizó por desentenderse o maniobrar en favor de los victimarios”, añade.
Las organizaciones sociales consideran que el nombramiento del ex fiscal ahora como ministro del Interior, y por tanto encargado de la seguridad interna del país “significa un retroceso para la democracia paraguaya y la garantía de más represión y violencia estatal”.
Añaden que esto está lejos de constituir una solución al problema de fondo de la inequitativa distribución de la tierra en Paraguay.
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