El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha explicado que el Gobierno comenzará inmediatamente las conversaciones con los grupos parlamentarios para buscar el mayor consenso posible: “Pensamos que sería extremadamente positivo que la reforma tuviera un máximo consenso parlamentario y eso le daría una garantía de permanencia al margen de cuál sea la voluntad de los electores en cada una de las sucesivas convocatorias electorales”.
Además, según el ministro, tras los acontecimientos ocurridos recientemente en el propio Consejo General del Poder Judicial ese consenso “contribuiría de una forma muy importante al reconocimiento del profundo valor institucional que tiene este órgano”.
Las conclusiones de la comisión de expertos señalan que las dos fórmulas utilizadas hasta el momento para la elección de vocales del Consejo son plenamente constitucionales, tanto si la elección de los 20 miembros se produce por el Parlamento como si el Parlamento elige ocho y los jueces y magistrados los doce restantes.
Alberto Ruiz-Gallardón ha señalado que la comisión propone, como novedad, que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial tengan dedicación exclusiva y que los 20 vocales sigan ejerciendo su profesión. Solo percibirán dietas por participar en las sesiones del Consejo que les correspondan. La comisión de expertos piensa que este sistema, vigente en otros organismos, es el más adecuado para conseguir una máxima eficiencia en el funcionamiento del propio Consejo.
En opinión del ministro de Justicia esta medida aumentará el número de personas que estarán dispuestas a formar parte del Consejo porque no les supondrá dejar sus carreras profesionales y “se enriquecerá su calidad jurídica” al prestar su servicio al Estado.
Para ser elegido presidente será necesario ser magistrado del Tribunal Supremo con una antigüedad mínima de tres años o ser jurista de reconocido prestigio con 25 años de experiencia. “De esta manera estamos llevando la excelencia a la presidencia del Tribunal Supremo”, según Ruiz Gallardón.
Otra novedad es que se crea la figura del vicepresidente del Tribunal Supremo, que no forma parte del Consejo, pero sustituiría al presidente. “De esta forma se evitan situaciones de dualidad, como la que estamos viviendo, puesto que los sustitutos del Consejo y del Supremo son distintos”, ha apuntado el ministro.
Por otra parte, el estudio establece que el Consejo estará sometido en la Ley de Transparencia a los mismos términos previstos para el resto de los órganos institucionales. Aunque mantiene la autonomía presupuestaria, no podrá establecer retribuciones o dietas y estará sometidos al control de la Intervención General del Estado y del Tribunal de Cuentas.
Además, los expertos sugieren que el Consejo General del Poder Judicial elabore el primer presupuesto en base cero, por lo que se tendrán que justificar todas las necesidades de la institución.
Alberto Ruiz Gallardón ha indicado que otra novedad sería la simplificación del sistema de mayorías para la toma de decisiones.
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