El Presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, denunció que existe una colusión entre los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema (CSJ) que fallaron contra la depuración policial, otros dos magistrados más y tres empresarios, entre ellos el dueño del grupo de medios de comunicación más importante de este país, OPSA, Jorge Canahuati, quienes amenazan, según el mandatario, con desestabilizar los cimientos de la democracia.
La polémica surge a causa de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional a la aplicación de las pruebas de confianza realizadas a las fuerzas de seguridad ciudadana de Honduras, contenidas en la Ley de Depuración de la Policía, iniciativa impulsada por el gobierno de Lobo Sosa, situación que fue destacada en primera plana por los principales diarios del grupo OPSA, que exigen al Ejecutivo respetar la independencia de poderes.
“Estos están en una colusión para atentar contra la institucionalidad, esto es muy delicado, porque la información nos indica que quieren volver, como dicen gallina que como huevos aunque les quemen el pico, quieren repetir lo del 2009 (crisis política por golpe al ejecutivo) sólo que de manera un poco diferente”, expresó el mandatario.
En este sentido el jefe de Estado advirtió que estas personas deben desistir del este “plan desestabilizador”, ya que se “van a arrepentir, porque el pueblo hondureño va a defender su derecho”.
“La Sala de lo Constitucional está en contra de la depuración de la Policía, eso no puede ser, porque como creen que se sienten todos los operadores de justicia con esto, todo el esfuerzo que está haciendo el Tigre Bonilla queda en nada cuando un poder del Estado, en este caso la Sala de lo Constitucional, emite estos fallos que afectan la depuración tan importante de la Policía, lo que empaña la institución, no puede ser”, expresó Lobo Sosa.
Ante esto el presidente condenó que en nombre de la libertad de expresión se realicen este tipo de acciones, acusando a Jorge Canahuati de estar coludido con otros dos empresarios, los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que votaron contra la depuración policial y dos magistrados más.
El mandatario argumentó que esta situación se da debido a los vínculos existentes entre los poderes financieros y la información, que cuando se ven afectados, como tienen intereses en diferentes áreas, “protestan”.
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