La presidenta del PP Catalán, Alicia Sánchez-Camacho, reconoció haberse reunido hace dos años con la exnovia de Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez y que no hizo la denuncia de los presuntos actos de corrupción que escuchó, porque “como pueden suponer, muchas personas me cuentan muchas cosas, con o sin fundamento”. “No comentaré el contenido de conversaciones privadas, ni de escuchas ilegales. Ahora bien, si alguien me informa que es víctima o conocedora de un delito, siempre le diré que lo denuncie ante la justicia, porque es esta persona quien debe hacerlo”.
Nada más alejado de la realidad; Alicia Sánchez-Camacho, es una representante política, que votó la gente, tiene una responsabilidad mayor de denunciar un presunto delito que le fue comunicado. No puede ampararse en la frágil explicación de decir que es la otra persona la que debe denunciar.
La expareja de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoria Alvarez, ha ratificado en enero en su declaración como testigo en la Audiencia Nacional, la denuncia en la que asegura que la familia del expresidente de la Generalitat tiene cuentas en paraísos fiscales.
El hecho que ya en si es grave se acrecienta puesto que el Partido Socialista de Cataluña habría ordenado ilegalmente grabar la conversación entre Sánchez-Camacho y la exnovia de Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez.
Para Sánchez-Camacho, “si ha existido espionaje político estaríamos ante un hecho muy grave con lo que no puede haber impunidad”. Asimismo, ha querido recordar que “en julio de 2010 yo ni tan solo era diputada en el Parlament, era senadora, y quien gobernaba en Catalunya y España era el Partido Socialista y si se han producido estas escuchas ilegales estaban vulnerando derechos fundamentales”.
El PSC ha negado que ordenase grabar el encuentro entre la presidenta del PPC y la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, y ha exigido al medio que ha publicado esta información que rectifique porque, en caso contrario, estudiará medidas legales.
La empresa de detectives que ha grabado la conversación reconoce el hecho pero se ha negado a decir quien ordenó las escuchas ilegales.
Anna Simmó, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, ha pedido a la Fiscalía que investigue si el PPC y el PSC han estado ocultaron pruebas de corrupción o del delito fiscal presuntamente cometido por Jordi Pujol hijo, así como las presuntas escuchas ilegales de los socialistas catalanes.
María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, pidió explicaciones a Alfredo Pérez Rubalcaba, que entonces era ministro del Interior, por las escuchas a la líder popular.
Albert Rivera de Ciutadans y Dolors Camats, de Iniciativa, acusaron a Sánchez-Camacho de ocultar información que debería haber acabado en manos de la justicia.
Tanto Alicia Sánchez-Camacho como Pere Navarro del PSC deberán dar explicaciones públicas convincentes porque ya el descrédito ha ganado a los protagonistas.
R.C.
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