Uno de los puntos que se incluye es la de que los mayores de 16 años puedan votar en esta proposición de ley de consulta popular sólo avala en aspectos que son de competencia de la Generalitat y no de toda España.
Según los opositores a esta proposición de ley esto de incluir a menores en la consulta, desvela la desesperación de los organizadores por lograr sus fines independentistas a efectos de lograr sus propósitos.
Una vez admitida a trámite, la junta de portavoces, que previsiblemente se reunirá el 2 de abril, abrirá el plazo para que los grupos puedan presentar enmiendas a la totalidad y, en otra reunión, deberá incluir en el orden del día de un pleno para que haga el primer debate, el de totalidad. Si supera este trámite, la proposición será trabajada en la comisión de asuntos institucionales, donde los grupos deberán acordar si se hacen comparecencias y podrán presentar enmiendas al articulado.
El texto con las enmiendas aprobadas por la comisión elevará al pleno para que haga el debate y la votación finales, punto en el que los grupos podrán aún defender y someter a votación las enmiendas que no hayan prosperado en la comisión. Si supera este debate, la ley será aprobada. La proposición, surgida de los trabajos iniciados la legislatura anterior, tiene una treintena de artículos y regula el régimen jurídico y el procedimiento de las convocatorias de consultas populares distintos de los referendos que tienen por objeto conocer La opinión ciudadana sobre actuaciones o políticas públicas, tanto en el ámbito nacional como municipal, mediante el voto libre, directo y secreto.
La ponencia se constituyó el 5 de marzo y se ha reunido tres veces. Hoy estaban presentes Josep Rull, Mercè Jou (CiU), Gemma Calvet, Pere Bosch (ERC), Xavier Sabaté, Ferran Pedret (PSC), Santi Rodríguez, Pere Calbó (PPC), Dolors Camats, Marta Ribas (ICV-EUiA) y Quim Arrufat (CUP).
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