Según publica el diario El País de Montevideo, el caso volvió a ser analizado por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) tras los descargos presentados por Antel al primer dictamen del organismo, contrario al acuerdo del ente con la IMM para la construcción del Antel Arena.
El TCR rechazó el cuestionamiento de Antel al pronunciamiento emitido previamente por el Tribunal de Cuentas el 16 de agosto pasado. El TCR respondió que una cláusula del convenio con la IMM faculta a Antel a contratar con terceros para la gestión del complejo de modo que brinde servicios en beneficio del entorno, lo que sostiene contraviene el numeral 30 del artículo 33 del Tocaf por cuanto la contratación directa “no podrá incluir la participación directa o indirecta de empresas privadas”, dice el fallo al que accedió El País.
A mediados de agosto de este año, la presidenta de Antel, Carolina Cosse, dijo que el proyecto del Antel Arena continuará su marcha, porque el informe del TCR -que señala que existe una violación a la Constitución en el convenio con la IMM- “no es vinculante”, por lo que no tiene obligación de acatarlo, según su interpretación.
El Tribunal de Cuentas de Uruguay declara que “de acuerdo con los cometidos y al concepto de telecomunicación transcripto, la construcción e instalación de un edificio como centro de eventos multifuncional (deportivos, musicales, etc.), no ingresa en el cumplimiento de los cometidos de Antel”.
En su resolución el TCR subraya que “si se aceptara que la construcción de edificios o complejos con sistemas de alta tecnología formara parte de la competencia de Antel, el organismo podría realizar toda clase de obras, de mayor o menor entidad, hipódromos, teatros, etc, complementadas con instalaciones tecnológicas y con su nombre en la obra, lo que evidentemente resulta muy difícil de incluir dentro de sus cometidos y de sus poderes implícitos”, explica.
Opinión
