Una política de retorno eficaz y humana, con pleno respeto de los derechos fundamentales es una parte clave de la política en materia de migración de la UE. En una Comunicación sobre la política de retorno de la UE adoptada hoy, la Comisión presenta los avances logrados en este ámbito y señala la evolución futura y las medidas necesarias.
En los últimos años se han producido en todos los Estados miembros importantes cambios legislativos y prácticos para establecer normas justas y transparentes y mejorar la forma en que se llevan a cabo los procedimientos de retorno. La Directiva de retorno, adoptada en 2008, ha establecido normas comunes claras, transparentes y justas sobre el retorno de los nacionales de terceros países sin derecho legal de estancia en la UE, y sobre el uso de medidas coercitivas, internamiento y prohibiciones de entrada. No obstante, podría seguir avanzándose para asegurar que todas las garantías ofrecidas por la Directiva se apliquen de manera uniforme en toda la UE y lleven a prácticas eficaces y respetuosas de los derechos humanos en todas partes.
Cecilia Malmström, Comisaria de Asuntos de Interior, ha declarado lo siguiente: «La Directiva de retorno ha influido positivamente en la legislación y las prácticas nacionales. Ha sido un motor de cambio en lo que respecta a la salida voluntaria y el seguimiento del retorno forzoso. Ha contribuido a una reducción global de los periodos máximos de internamiento en toda la UE y ha contribuido a promover soluciones alternativas al internamiento. Sin embargo, las condiciones de internamiento en una serie de Estados miembros suscitan serias preocupaciones. Por lo tanto, debemos continuar en nuestro empeño de aplicar una política creíble y humana mediante prácticas que garanticen el respeto de los derechos fundamentales y de la dignidad de cada persona — sea cual sea su estatuto migratorio».
La Directiva de retorno ha contribuido a una evolución positiva en términos de respeto de los derechos fundamentales; procedimientos justos y eficientes; disminución del número de casos en los que los migrantes se quedan sin un estatuto jurídico claro; dar primacía a la salida voluntaria, y promoción de la reintegración e impulso de alternativas al internamiento.
A pesar de estos cambios positivos, sigue habiendo margen de mejora en la aplicación práctica de la Directiva y en las políticas de retorno en general.
El esfuerzo debe concentrarse en los aspectos vinculados a las condiciones de internamiento; un recurso más sistemático a alternativas al internamiento, la puesta en marcha de sistemas independientes de control del retorno forzoso, y la efectividad general de la política (por ejemplo, procedimientos más rápidos y porcentajes más elevados de — salidas — voluntarias).
Las cifras muestran un desfase considerable entre las personas sobre las que se ha dictado una decisión de retorno (aproximadamente 484.000 personas en 2012, 491.000 en 2011 y 540.000 en 2010) y aquellas que, como consecuencia de la misma, han abandonado la UE (aproximadamente 178.000 en 2012, 167.000 en 2011 y 199.000 en 2010).
Las razones principales del no retorno tienen que ver con problemas prácticos en la identificación de estas personas y en la obtención de la documentación necesaria de las autoridades de países terceros. Por ello, la mejora de la cooperación con países no pertenecientes a la UE es un elemento esencial para mejorar la efectividad de los procedimientos de retorno.
En total, la Comisión ha señalado cinco ámbitos de acción principales:
Garantizar una ejecución correcta y efectiva de las normas vigentes: La Comisión seguirá abordando con los Estados miembros todas las deficiencias señaladas en la Comunicación. Se prestará atención especial a la ejecución por parte de los Estados miembros de las disposiciones de la Directiva referentes al internamiento de los repatriados, las garantías y las vías de recurso, así como al trato a menores y a otras personas vulnerables en los procedimientos de retorno. La Comisión hará uso del mecanismo de evaluación de Schengen para evaluar el respeto de la normativa en materia de retorno y aumentar el control del retorno forzoso.
Promover prácticas más coherentes y compatibles con los derechos fundamentales: La Comisión adoptará un «Manual sobre el retorno» con directrices comunes y mejores prácticas. Apoyará los esfuerzos realizados por el Consejo de Europa en pos de la codificación de normas de internamiento detalladas.
Desarrollar el diálogo y la cooperación con terceros países: Las cuestiones sobre el retorno y la readmisión seguirán siendo sistemáticamente abordadas, de forma equilibrada, en diálogos de cooperación con terceros países, como el Enfoque Global de la Migración y la Movilidad y las Asociaciones de Movilidad. Se redoblará el esfuerzo por consolidar la capacidad de los países no pertenecientes a la UE, por ejemplo, para mejorar su capacidad para prestar asistencia y apoyo a la reintegración de los retornados.
Mejorar la cooperación operativa entre los Estados miembros en materia de retorno: La Comisión utilizará la Red Europea de Migración como plataforma de cooperación, especialmente para la recogida y el intercambio de información en el ámbito del retorno voluntario.
Reforzar el papel de FRONTEX en el ámbito del retorno: Debe incrementarse aún más el papel de coordinación de Frontex en el ámbito de las operaciones de retorno conjuntas, garantizando que se respeten normas comunes en cuanto al trato humano y digno a los repatriados. Deben organizarse actividades de formación en cuestiones de retorno.
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