La Fundación Centro de Investigación Periodística (CIPER) de Chile dio a conocer un trabajo titulado: “Asesorías parlamentarias sin control: Diputados gastan $6.000 millones en dos años” (casi 11 millones de dólares), donde revela que CIPER revisó 1.613 contratos de asesorías externas pagados por los diputados en 2012 y 2013. También los mecanismos de fiscalización para garantizar que esos miles de millones se gastan en mejorar la labor legislativa. La investigación arrojó resultados sorprendentes.
La investigación de CIPER señala que “Los mayores montos se los llevan sociedades comerciales y personas naturales. Muchas veces entregan informes de una página. Nadie en la Cámara revisa si las asesorías se hicieron o no. Sólo se pide la firma del diputado y del asesor y se paga”.
El informe desvela que más de $6.000 millones de pesos -casi US$11 millones-, es lo que gastaron los diputados en los últimos dos años para pagar honorarios a asesores. Este ítem del presupuesto de la Cámara, destinado a contratar “asesorías legislativas externas”, se incrementó exponencialmente a contar de 2012. Y creció nada menos que diez veces, al pasar de $2,25 millones anuales por diputado, a $25 millones. Lo paradójico es que el Congreso aprobó esta alza después de que se descubrieron lo más turbios manejos en la administración de los recursos del Parlamento y en momentos en que el Ministerio Público aún tenía en curso investigaciones contra parlamentarios que simularon contratos de arriendo para sus sedes distritales o que depositaban en sus cuentas lo pagado por asesorías.
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