La ministra Secretaria General de la Presidencia de Chile, Ximena Rincón abogó por los derechos de los niños y niñas del país, asegurando que el Ejecutivo contempla estructurar nuevas políticas y mecanismos que permitan garantizar el desarrollo de este segmento social.
“Se trata de un cambio cultural sin precedentes para Chile donde el Estado debe ser el gran garante de los derechos de los niños y niñas, y debe efectuar las transformaciones que sean necesarias para ello, en términos de legislación, financiamiento, cobertura e institucionalización. Este desafío nos planteó la Presidenta al comenzar su gobierno, con el que nos hemos comprometido todos los ministros”, afirmó la Rincón.
Ante esto se realizó la primera sesión del recién creado Consejo Nacional de la Infancia, en el Palacio de La Moneda, donde se congregó una serie de autoridades de gobierno dentro de las que se destacan la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas; ministro de Justicia, José Antonio Gómez; ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre; ministra de Salud, Helia Molina; ministro de Hacienda, Alberto Arenas y ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascal con el objetivo de revisaron los compromisos programáticos de cada sector.
En este sentido se aprobó el reglamento de funcionamiento de la nueva institución, además de valorar la relevancia que el trabajo interministerial tendrá para la construcción de la nueva ley y política pública de infancia.
“Vamos a generar cambios profundos y estructurales que nos permitan situar a la infancia al centro de las políticas públicas, y para hacerlo crearemos una nueva institucionalidad que le permita al Estado garantizar y regular el cumplimiento de la Convención de los derechos de la infancia”, expresó Estela Ortiz, secretaria ejecutiva de la Institución.
Asimismo trascendió que entre los desafíos para el futuro en esta área está la promulgación de la nueva ley, los desafíos a corto plazo de la institución serán poner fin a la internación de niños y niñas entre 0 y 3 años y 11 meses, prevenir la victimización secundaria en procesos judiciales y fortalecer a la educación inicial como pilar de la reforma educativa.
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