En la habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, explicó que el proyecto que se tratará esta semana es una reforma a la Ley 20680, implica una nueva denominación, la de regulación de las relaciones entre producción y consumo, que –entre otros puntos- excluye a las pymes de sanciones de tipo penal. Y fomenta las inversiones y el empleo.
Presenta, además, “una defensa enfática de los derechos del consumidor, con un sistema de carácter obligatorio, vía administrativo, para una resolución rápida y la apelación en un fuero específico para garantizar los derechos de los consumidores”.
Aseguro que la nueva ley constituye “un avance cualitativo extraordinario” y advirtió que “desde los grupos económicos concentrados lo que se hace es desnaturalizar la vigencia del Fuero del Consumidor y no observar los cambios que se han introducido a la anterior Ley de abastecimiento”.
Las pymes, dijo Capitanich, “son víctimas del abuso de posición dominante de las grandes empresas, que les ponen las condiciones que quieren. Hay un desbalance en la cadena de valor, el productor no recibe el precio justo y el consumidor bienes de calidad y al precio requerido”.
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