Entre los acuerdos alcanzados por el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno ha destacado una norma que se enmarca en el “primer eje de la agenda” del Ejecutivo: la creación de empleo. Se trata de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, que busca “garantizar la igualdad en el acceso a los servicios de empleo a todos los trabajadores en el ámbito nacional”, según Soraya Sáenz de Santamaría.
Con este Real Decreto, por primera vez desde el traspaso de las competencias en esta materia a las comunidades autónomas, se fija “el marco común con las medidas que tienen que llevar a cabo los distintos servicios de empleo autonómicos”, ha explicado la vicepresidenta. Las comunidades, ha añadido, podrán ampliar o complementar esta cartera.
Acortar la duración del desempleo
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha afirmado que en 2014 la sociedad española y las reformas del Gobierno “han puesto en marcha por primera vez la máquina del empleo” tras siete años de crisis. “Gracias al esfuerzo conjunto de todos, también de las comunidades autónomas y de los interlocutores sociales, en 2014 se crearon cada día más de 1.600 empleos”, ha indicado.
El Ejecutivo es consciente de que “queda mucho camino por recorrer” y de que la gran prioridad es acortar “los tiempos del desempleo al empleo”, según Báñez. Esa es la meta de la Estrategia Española de Activación para el Empleo puesta en marcha por el Gobierno, y la cartera común de servicios presentada hoy supone un paso más en esa dirección. “Es la reforma del mercado de trabajo silenciosa, porque estamos trabajando con los interlocutores sociales y con las comunidades autónomas desde hace mucho tiempo para hacer eficaces los servicios públicos de empleo a disposición de los desempleados y de su vuelta al mercado de trabajo”, ha asegurado Báñez.
A juicio de la titular de Empleo, las políticas activas de empleo no han sufrido históricamente una falta de recursos: entre 2008 y 2011 dispusieron de más de 30.000 millones de euros, pero en ese mismo periodo hubo 3.300.000 parados más. Báñez también ha indicado que el 47% de los desempleados no contacta con su oficina pública de empleo, y solo el 30% espera una llamada de esa oficina. El problema, ha señalado, es de adecuación y de atención a las nuevas necesidades de los parados: los servicios públicos se han centrado en la gestión de las prestaciones y los subsidios, por lo que es necesario modernizarlos para que también orienten al desempleado y lo ayuden a volver al mercado de trabajo.
Atención personalizada
La ministra ha manifestado que la nueva cartera común de servicios no solo garantiza la igualdad de acceso en cualquier oficina pública del territorio nacional, sino que además permite “hacer un seguimiento de qué se está ofreciendo como atención personalizada a los desempleados” y “orientar los recursos públicos a los resultados”.
En ese sentido, 2015 será el primer año en que el 60% de los recursos de las políticas de empleo se abonarán a las comunidades autónomas en función del cumplimiento de los objetivos fijados. Báñez ha asegurado que la situación que se ha dado en Andalucía, donde en 2014 no se ejecutaron presupuestariamente el 76% de esos recursos, “preocupa” al Ejecutivo e implica que “no se puedan abonar esas cantidades en el ejercicio siguiente”.
Con esta reforma, los servicios de empleo se concentrarán en la orientación profesional, desde la elaboración de un perfil individualizado de la persona desempleada hasta el asesoramiento sobre las tendencias del mercado. También desarrollarán labores de intermediación con las empresas, de formación y, por último, de asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.
Fátima Báñez ha subrayado que el Gobierno dedicará 4.763 millones de euros a las políticas activas de empleo en 2015, lo que representa un incremento del 16,8% respecto a 2014. El 43% se dedicará a acciones formativas y el 31,5% a las bonificaciones a la contratación de los desempleados con más dificultades para incorporarse al mercado laboral. Además, se destinarán 260 millones de euros a los colectivos especialmente vulnerables o en riesgo de exclusión, 251 millones a la orientación laboral, 110 millones a la colaboración con las agencias privadas de colocación y 100 millones a la modernización de los servicios de empleo.
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