La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha manifestado que el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual 2015-2018 es una respuesta transversal a “una de las peores formas modernas de esclavitud, una violación flagrante de los derechos humanos, en especial de las mujeres, que representan la inmensa mayoría de las víctimas de esta lacra”.
El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, ha afirmado que “la trata de seres humanos es la esclavitud del siglo XXI”, y que el 80% de las víctimas son mujeres o niñas, según Eurostat.
El Plan aprobado está dotado con más de 104 millones de euros y se articula en cinco ejes prioritarios y 143 medidas, con el fin de dar respuesta en todos los ámbitos y desde perspectivas diversas a este fenómeno.
Alfonso Alonso ha detallado que la primera prioridad es la detección y prevención de las situaciones de trata, en la que “el papel de la Policía y la Guardia Civil es imprescindible”. Además, el documento prevé que profesionales de otros ámbitos, como los médicos de atención primaria, contribuyan a identificar a las mujeres en situación de riesgo.
El Plan también apuesta por concienciar a la sociedad sobre las situaciones de explotación sexual, en especial a través de mensajes dirigidos a la población más joven. En este sentido, el ministro ha avanzado que el próximo mes de octubre se difundirá una nueva campaña contra la trata, que será presentada el próximo miércoles a las entidades que luchan contra ella y a las víctimas.
Además, el Ministerio actuará en colaboración con los ayuntamientos, las comunidades autónomas y los medios de comunicación en el ámbito de la publicidad. “Apostamos por fórmulas de autorregulación, por códigos que se puedan establecer y por una reflexión conjunta” para ver de qué manera se puede reducir esta situación, ha dicho Alonso.
Otro de los ejes prioritarios del plan es la identificación, protección y asistencia a las víctimas, en especial a las más vulnerables, como son las mujeres con discapacidad, las que tienen hijos y las menores de edad. Además, se tratará de favorecer la integración de las víctimas extranjeras en situación irregular.
Alfonso Alonso también ha avanzado que una de las principales propuestas del texto consiste en trasladar a las víctimas las cuantías económicas derivadas del decomiso de los productos y bienes de los tratantes. Al respecto, ha recordado que en el Parlamento se está tramitando la creación de una oficina de recuperación y gestión de activos.
El titular de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha añadido que se estrechará la colaboración con el Ministerio del Interior, con las distintas administraciones, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y las entidades que luchan contra la trata para “perseguir de manera cada vez más eficaz a los criminales”
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