En este sentido, trascendió, que el Acuerdo Final con las Farc será firmado a más tardar el 23 de marzo de 2016, al tiempo de que el grupo paramilitar comenzará a dejar las armas a más tardar a los 60 días de la firma del Acuerdo Final.
La información fue destacada por el presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien llegó a La Habana para reunirse con Timoleón Jiménez, conocido como Timochenko, jefe de la organización guerrillera y acompañado por los miembros de los equipos negociadores de las partes.
“Esta tarde me reuní con el comandante máximo de las FARC y acordamos una fecha límite para firmar el Acuerdo Final que terminará nuestro conflicto armado: será el 23 de marzo del año 2016”, expresó Santos tras la reunión.
En esta línea afirmó que los tres acuerdos ya alcanzados sobre desarrollo rural integral, participación política y solución al problema de las drogas ilícitas, unidos al desescalamiento del conflicto armado han permitido vivir los dos meses menos violentos en los últimos 40 años y se suman estos anuncios trascendentales.
Asimismo valoró el acuerdo sobre las bases de un sistema de justicia, por lo que se determinó crear una Jurisdicción Especial para la Paz que abogue por los derechos de las víctimas en particular el derecho a la justicia, pero también sus derechos a la verdad, a la reparación y a la no repetición.
Esto les da a las organizaciones de víctimas y de derechos humanos la oportunidad de intervenir para que se inicien los procesos judiciales y se sentencie a los responsables, además tendrá en cuenta las investigaciones y sentencias de los fiscales y jueces.
“Acordamos una jurisdicción especial que va a investigar, juzgar y sancionar a través de un tribunal –con unas salas especializadas de justicia–, integrado por magistrados de las más altas calidades, a los responsables de delitos cometidos con ocasión del conflicto, en especial los más graves y representativos”, dijo.
En este sentido especificó que delitos como los crímenes de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra, el secuestro, las ejecuciones extrajudiciales, el genocidio, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual o el reclutamiento forzado de menores serán investigados, juzgados y sancionados por la nueva jurisdicción.
“Como siempre les dije a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, no hay ninguna posibilidad de que haya un tratamiento especial de justicia para las FARC si no hay –al mismo tiempo– un tratamiento que puede ser diferenciado, pero simultáneo, equitativo y simétrico, para nuestros militares y policías”, concluyó.
Comunicado conjunto # 60 sobre el Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz
La Habana, Cuba, 23 de septiembre de 2015
1. El Gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP reafirman su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha: “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, “Participación política: Apertura democrática para construir la paz” y “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”.
2. A la vez, reafirman su compromiso con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Con ese propósito estamos construyendo un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En ese marco hemos acordado que se creará una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas.
3. En cuanto al componente de justicia, hemos acordado crear una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. Las Salas y el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos. La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición.
4. El componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.
5. La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.
6. La Jurisdicción Especial para la Paz contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente. A los primeros se les impondrá una sentencia, fundada en las conductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así como la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal.
7. Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas. Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias. Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprom
eta a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias.
8. Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.
9. En el caso de las FARC-EP, la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final.
10. La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden.
Opinión
