El Canciller de Colombia, Manuel González reiteró su posición contraria al uso de la pena de muerte en el mundo, ya que representa una violación explicita de los derechos fundamentales de los seres humanos.
En esta línea trascendió que Costa Rica se opone a la aplicación de la pena de muerte por principio, al considerarla como un castigo inhumano y cruel que degrada al individuo y a su familia y cuya abolición progresiva contribuirá a una mejor protección de la dignidad humana y del derecho a la vida.
“Costa Rica fue el tercer país del mundo en abolir la pena de muerte en 1877”- recordó el Ministro González. -“Ciento treinta y ocho años después estamos seguros de que fue una decisión visionaria y acertada. Nuestra experiencia demuestra que un sistema de justicia penal efectivo es posible sin acudir a la pena capital”- indicó el Canciller.
Las declaraciones las realizó el representante de gobierno en el marco de la 70 Asamblea General de las Naciones Unidas, donde lamentó que este castigo se mantiene en la legislación de varios países a pesar que existe una tendencia mundial hacia la supresión de la pena de muerte ya que 140 países la han abolido en su legislación o en la práctica.
En esta línea Costa Rica recomendó un diálogo abierto y el intercambio de información objetiva y clara sobre el tema para que cada país pueda hacer un análisis serio sobre sus disposiciones, tomando en cuenta los principios de humanidad.
Por otra parte el gobierno costarricense valoró que en la Trigésima Sesión del Consejo de Derechos Humanos, que finalizó este 2 de octubre en la Sede de las Naciones Unidas en Ginebra, aprobará la resolución sobre “La cuestión de la Pena de Muerte”, presentada por Costa Rica, junto a Benín, Bélgica, Francia, México, Moldova, Mongolia y Suiza.
“A pesar de que la pena de muerte no está prohibida por el derecho internacional, es importante abordar cuestiones sobre posibles violaciones a los derechos humanos en su aplicación”, destaca un comunicado de prensa del gobierno de Costa Rica.
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