En la ocasión Mas ha asumido “toda la responsabilidad política”, por esa consulta y claramente la utiliza para tratar de revertir la negativa de la formación radical CUP, que se sigue negando a dar los votos que le hacen falta en el Parlament para lograr su investidura de presidente de la Generalitat.
Sabiendo que victimizarse es la única carta que le queda para intentar vencer la resistencia de la CUP, Artur Mas, ha dejado claro este mediodía, tras su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la querella del proceso participativo del 9N, que “para dar la voz al pueblo y dejar ejercer el derecho de participación se debería comparecer ante un Parlamento, pero nunca ante un tribunal de justicia, y mucho menos en una causa penal “, y se preguntó si “comportarse como un demócrata equivale a actuar como un delincuente”.
En una comparecencia ante los medios de comunicación, en el Palau de la Generalitat, el jefe del Gobierno ha explicado que se ha declarado “máximo responsable de haber tomado la iniciativa, haber ideado e impulsado” el proceso participativo del 9N del año pasado, y “de escuchar cientos de miles de personas que de manera pacífica, cívica y ejemplar, llenaron las calles, plazas y carreteras de Cataluña en julio de 2010, y los septiembres de 2012, 2013, 2014 y 2015”.
“Soy responsable de haber escuchado a más del 90% de los ayuntamientos de este país, y de haber obedecido varias resoluciones del Parlamento de Cataluña que instaban al Gobierno a llevar a cabo una consulta específica sobre el futuro político de Cataluña”, ha continuado, y ha insistido “soy responsable de todo esto, y no entiendo que para escuchar a mucha gente, escuchar a los ayuntamientos y poner las urnas haya de estar declarando ante un tribunal de Justicia”.
En este sentido, el presidente ha explicado que la consulta del 9N fue diseñada inicialmente para ser ejecutada por la administración de la Generalitat, pero a partir de la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional “ya no fue la administración la responsable ejecución del 9N sino que pasaban a ser los voluntarios”.
Por todo ello, el jefe del Gobierno catalán ha considerado que se hace “una valoración estrictamente política y no jurídica” de esta acción, y ha subrayado “el éxito del 9N de 2014 y su amplio eco internacional es lo que provocó estas querellas; no es un tema de derecho o de ley, está la rabia del éxito del 9N por parte de diferentes instituciones del Estado español que no aceptaron una actitud democrática normal”. “Nunca el éxito de la democracia debería acabar en los tribunales de justicia”, remarcó.
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