Los ministros del TCU siguieron el voto del relator del proceso, Augusto Nardes, quien recomendó el rechazo con el argumento de que hubo “una afrenta a los principios objetivos de la Ley de Responsabilidad Fiscal, lo que caracteriza un escenario de ‘desgobernanza’ fiscal”. Nardes también dijo que el gobierno creó “una condición irreal”, que permitió un gasto adicional de manera incorrecta.
El análisis del TCU se produjo sobre dos cuestiones. Una de ellas fue el retraso en la transferencia de fondos a dos bancos estatales –Caixa Econômica Federal y Banco do Brasil– para programas sociales del gobierno, lo que configura una operación de crédito, no permitida por la ley brasileña. El otro punto fueron cinco decretos gubernamentales que involucran créditos suplementarios, firmados por la presidenta Dilma Rousseff sin autorización del parlamento.