Estimado/a presidente, coordinador/a y/o secretario/a general:
Le escribimos en nombre de la ONG asturiana Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), organización no gubernamental con estatuto consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas e integrada por 121 especialistas españoles y latinoamericanos en Derecho internacional de los derechos humanos (DIDH). Nuestra Asociación nació en 2004 con la ambición de constituir un puente permanente de comunicación entre el mundo académico, las instituciones públicas y la sociedad civil, con el objeto de trasladar a la práctica española y latinoamericana las normas y principios del DIDH, así como velar por el cumplimiento de las decisiones de los órganos internacionales de derechos humanos que incumban a España y a América Latina.[1] Sus integrantes compartimos estas metas y el empleo del español como lengua vehicular.
Con ocasión de las elecciones generales que se celebrarán en España el próximo 26 de junio de 2016, le hacemos llegar una vez más nuestra seria preocupación por las siguientes cuestiones de derechos humanos que le instamos a incluir en el programa electoral de su partido, de manera que se definan las bases de futuras políticas públicas que permitan mejorar sustancialmente la situación de los derechos humanos en España:
1. La protección y el fortalecimiento de los derechos económicos, sociales y culturales en la actual y persistente crisis económica, con especial atención a las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, e indudablemente las niñas y los niños, las mujeres, las personas de edad o con diversidad funcional, o las personas inmigrantes, tengan o no sus papeles en regla. Resulta prioritario diseñar políticas públicas que abarquen a todas las personas sin discriminación, ya vivan en áreas urbanas o rurales, y que protejan ante todo su derecho a la alimentación, la salud y la educación; promuevan su derecho al trabajo; el respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores; las condiciones decentes de empleo y salario; el derecho a una prestación por desempleo y el derecho a una renta básica universal. Una atención urgente y singular debe prestarse a las familias que viven en España y en las que ninguno de sus miembros tiene trabajo ni ingreso alguno.
También urge proteger el derecho a la vivienda y la adopción de alternativas legislativas que defiendan este derecho frente a los desahucios de personas que no disponen de medios económicos suficientes para el pago regular de sus préstamos hipotecarios, como son la dación de la vivienda hipotecada en pago de dichos préstamos, o una renegociación obligatoria de los préstamos con nuevos períodos de carencia u otras garantías que les faciliten el pago aplazado de la deuda hipotecaria, sin obligarles a desalojar la única vivienda de que disponen. Es también urgente definir políticas estatales, autonómicas y municipales en auxilio de las familias que no dispongan de recursos económicos para alquilar una vivienda.
Le recordamos que el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señaló —hace más de 20 años— que «un Estado Parte en el que un número importante de individuos está privado de alimentos esenciales, de atención primaria de salud esencial, de abrigo y vivienda básicos o de las formas más básicas de enseñanza, prima facie no está cumpliendo sus obligaciones en virtud del Pacto» Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que España es Estado Parte. También señaló el mismo Comité que «aun en tiempos de limitaciones graves de recursos, causadas sea por el proceso de ajuste, de recesión económica o por otros factores, se puede y se debe en realidad proteger a los miembros vulnerables de la sociedad mediante la adopción de programas de relativo bajo costo».
2. El respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y sus familiares, así como las solicitantes de asilo o refugio, en particular su derecho a la libertad y a la seguridad personales. Solicitamos que su grupo político promueva la abolición del internamiento preventivo en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de las personas extranjeras que se encuentran en situación irregular. Se trata de un trato discriminatorio incompatible con el principio de igualdad y no discriminación que consagra el DIDH.
Deben incrementarse además las políticas públicas para evitar la estigmatización de las personas migrantes y refugiadas, poniendo de relieve su contribución positiva a la riqueza nacional y atajando todo brote de racismo, intolerancia, odio, discriminación racial y xenofobia, muy preocupantes en nuestro país porque victimizan a distintos grupos nacionales, étnicos y raciales que viven en España, como es el caso de la población de origen romaní, musulmán, latinoamericano y africano. Ni siquiera las niñas y niños que integran esos colectivos escapan de tales conductas reprobables. Las campañas de sensibilización deberían concienciar a la población sobre los derechos enunciados en la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990), que España debe ratificar sin dilación. El respeto efectivo de estos derechos es la mejor garantía para combatir el tráfico clandestino y la trata de los que son víctimas las personas migrantes, asegurándoles a la vez la protección de sus derechos fundamentales.
Solicitamos el compromiso de su partido para que España cumpla y amplíe los compromisos alcanzados en el seno de la Unión Europea para la acogida de refugiados sirios o de otros países que huyen de terribles conflictos armados y malviven en penosas circunstancias en Grecia, Turquía y otros lugares de tránsito. Además, España debe cumplir con las obligaciones derivadas de su condición de Estado parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1966. Nueve Comunidades autónomas y muchos municipios ya han ofrecido acoger a un número importante de refugiados, sin encontrar respuesta favorable del Gobierno en funciones.
3. Solicitamos igualmente el compromiso de su partido con la causa de los pueblos saharaui y palestino, titulares del derecho a la libre determinación. En ambos casos, todas las Administraciones Públicas deben emprender, mantener y renovar, dentro de sus ámbitos de competencia, las acciones solidarias que contribuyan positivamente a aliviar la situación de esos dos pueblos sometidos a dominación colonial y ocupación extranjera (Marruecos e Israel). También solicitamos el compromiso de su partido para que el futuro Gobierno de España reclame en el seno de las Naciones Unidas y otros foros internacionales, particularmente en la Unión Europea, el ejercicio efectivo del derecho a la libre determinación de ambos pueblos.
4. Reclamamos el compromiso de su partido en reformar la Constitución de 1978 siguiendo un modelo federal que reconozca el carácter multinacional del Estado y sea respetuoso con la idiosincrasia de las naciones y pueblos que componen España. Además, la Constitución debe reconocer la tutela judicial efectiva de los derechos a la alimentación, agua potable, vivienda, saneamiento, electricidad, calefacción, renta básica, salud y educación, evitando su subordinación a las políticas económicas.
Igualmente, se debe modificar el artículo 97 de la Constitución con la finalidad de recoger como principios normativos las directrices de la acción exterior del Estado relativas a: a) la defensa del derecho humano a la paz y el respeto al Derecho internacional de los derechos humanos; b) la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales o de cualquier manera que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas; c) el respeto al derecho de libre determinación de los pueblos y del principio de no intervención; d) el arreglo pacífico de las controversias internacionales, de conformidad con el Derecho internacional; e) la igualdad soberana de los Estados; y f) la cooperación internacional para el desarrollo.
5. El estado de derecho es incompatible con el descrédito generalizado que padece la justicia española. Solicitamos que su partido se comprometa a fortalecer la independencia del poder judicial y del Fiscal General del Estado y evitar su instrumentalización política. En particular, deberá renunciar a toda injerencia en el nombramiento de los magistrados de los altos tribunales de justicia y en el ejercicio de las competencias de los fiscales.
En lo que se refiere a la designación de los titulares de las Defensorías del Pueblo nacional y autonómicas, su selección debe hacerse en función de la competencia técnica de las personas candidatas. También solicitamos el compromiso de su partido en restablecer urgentemente las Defensorías del Pueblo suprimidas en varias Comunidades autónomas como consecuencia de medidas de austeridad mal definidas.
Además, todos los funcionarios encargados de la aplicación de la ley y los operadores de la administración de justicia —incluidos jueces y fiscales— deben recibir un programa integral de formación en Derecho internacional de los derechos humanos, a fin de garantizar que en el cumplimiento de sus funciones respeten y protejan efectivamente los derechos humanos internacionalmente reconocidos, sin discriminación alguna por motivos de raza, color u origen étnico o nacional, sexo, orientación sexual, fortuna, idioma, religión, diversidad funcional o cualquier otra condición social.
6. Urgimos a su partido a defender públicamente la tolerancia cero a la tortura y malos tratos. Se deben adoptar medidas preventivas efectivas contra la tortura y, en su caso, alentar de oficio —con independencia de las denuncias que las víctimas pudieran presentar ante los tribunales de justicia— la investigación pronta e independiente del cuerpo policial involucrado y la sanción efectiva de las torturas y malos tratos atribuidos a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluidas las policías autonómicas y locales, dentro del respeto escrupuloso a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la que España es Estado parte. El aislamiento penitenciario y la detención policial incomunicada deben ser abolidos de inmediato. Las garantías procesales del detenido no deben ser suspendidas en ningún caso, ni siquiera en el marco de la lucha contra el terrorismo. Y deben revisarse las políticas públicas y legislación especial en la lucha contra el terrorismo, de manera que sean plenamente compatibles con las normas internacionales de derechos humanos
7. Reclamamos su compromiso para que se reconozca sin más dilaciones y en toda su extensión el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición a que tienen derecho los familiares de todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidas en España durante la guerra civil y posterior represión franquista. Este derecho se debe reconocer igualmente a la sociedad en general, adoptando un enfoque humanitario y jurídico, conforme a las normas internacionales en materia de justicia de transición.
8. Invitamos a su partido a proponer nuevas políticas públicas en materia de prevención y sanción de la violencia de género, la trata de mujeres y la infancia, así como la explotación de la pornografía infantil.
9. Su partido también debe comprometerse por una educación y una sanidad públicas y de calidad, a las que puedan acceder todas las familias que viven en España sin discriminación. Se debe reconocer el derecho de la mujer a determinar su propia salud sexual y reproductiva. También se deben mantener abiertos los comedores escolares durante todo el año cuando sea preciso, para asegurar que todos/as los/las niños/as puedan alimentarse de forma adecuada y equilibrada, a la vez que reciben la educación complementaria que en su caso requieran, siguiendo el modelo iniciado por varias Comunidades autónomas.
Reclamamos también su compromiso para abolir el privilegio anticonstitucional que supone subvencionar con dinero público la enseñanza privada, especialmente la concertada con la Iglesia católica.
10. También les invitamos a pronunciarse a favor de la libertad religiosa, de modo que se garantice la total aconfesionalidad de las instituciones y del Estado, así como el establecimiento de un sistema educativo público, laico y gratuito.
11. Invitamos a su partido a tomar medidas efectivas a favor de la transparencia, la rendición de cuentas, la investigación y castigo de la corrupción. En el caso de los funcionarios públicos y de los representantes electos, la responsabilidad política deberá conllevar la separación cautelar e inmediata de sus funciones, mientras se realicen las investigaciones correspondientes, sin perjuicio de su derecho a la presunción de inocencia en el orden penal.
Su partido también deberá asumir que la regeneración democrática necesita de medidas efectivas tales como la reforma de la Ley Electoral, de modo que la representación política en el Congreso de los Diputados y en el Senado responda, con mayor fidelidad, al principio de igualdad de voto de todos los ciudadanos sin perjuicio de la representación mínima garantizada en las circunscripciones por las que son elegidos los diputados y los senadores. Debe además asegurarse que las Cortes puedan ejercer cabalmente su función de controlar la acción del Gobierno, incluso cuando esté en funciones. Además, debe garantizarse el derecho de cada diputado o senador a votar con entera libertad, prohibiendo por ley a los partidos políticos la imposición de sanciones a los parlamentarios disidentes.
12. Instamos a su partido a no retroceder en las conquistas sociales y en el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales que el Derecho internacional de los derechos humanos reconoce a todas las personas que viven y trabajan en España, porque son la base de una convivencia en libertad, justicia y paz.
13. También solicitamos a su partido que reclame al Gobierno de España que defienda en las Naciones Unidas la codificación internacional del derecho humano a la paz, reclamado por amplios sectores de la sociedad civil española y reconocido por el Congreso de los Diputados el 14 de septiembre de 2011, así como por los parlamentos regionales de Asturias, Canarias, Cataluña, Navarra y País Vasco.
14. Exigimos el pleno restablecimiento de la competencia de los tribunales españoles para ejercer la jurisdicción universal en la persecución de crímenes internacionales y violaciones masivas de los derechos humanos, con independencia del lugar donde se hayan producido y de la nacionalidad de las víctimas. La única salvedad admisible la constituyen los casos en que esos graves crímenes hayan sido enjuiciados o estén siendo investigados o enjuiciados por la Corte Penal Internacional o por Estados que cumplan los estándares internacionales relativos tanto a la independencia e imparcialidad del poder judicial como a la protección de los derechos de las víctimas.
15. Finalmente, solicitamos que su partido defienda la urgente reforma del recurso de revisión ante el Tribunal Supremo (introducido por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio) contra una resolución judicial firme «cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos». El citado recurso de revisión debe cubrir también los supuestos en los que ocho Comités de las Naciones Unidas hayan adoptado dictámenes en los que se concluye que España ha violado alguno/s de los derechos reconocidos en los tratados internacionales suscritos por España.
Además, España debe comprometerse inequívocamente a:
a) acatar y cumplir las medidas provisionales y de reparación que adopten los citados Comités;
b) tener debidamente en cuenta las recomendaciones incluidas en las observaciones finales relativas a España que adoptan los mismos Comités en el marco del examen de los informes periódicos; y
c) Acatar los dictámenes del Grupo de trabajo sobre la detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como las recomendaciones emanadas del sistema de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.
Confiamos en que su partido atienda estas legítimas reivindicaciones y las incorpore a su programa electoral. Estamos convencidos de que si así lo hiciera contribuiría a hacer efectivos los propósitos proclamados en el preámbulo de la Constitución de 1978.[4]
Aprovechamos la oportunidad para hacerle llegar, en nombre de la AEDIDH, nuestros atentos saludos.
Carlos Villán Durán
Presidente
Carmelo Faleh Pérez
Secretario general
Opinión
