“Hemos venido a la sala Constitucional del TSJ para introducir una demanda con amparo cautelar para que se cuiden los derechos constitucionales de las venezolanas y los venezolanos, para que se cuiden nuestros derechos políticos”, expresó Rodríguez, en declaraciones a las afueras del máximo tribunal de la República, en Caracas, transmitidas por Venezolana de Televisión.
El viernes pasado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, informó que la MUD cumplió la primera fase de solicitud de referendo con la entrega de casi dos millones de firmas, de las cuales 605.727 fueron inválidas por presentar presuntas irregularidades como la inclusión de casi 11.000 firmas de ciudadanos fallecidos, 9.333 números de cédula inexistentes, más de 3.000 cédulas de ciudadanos menores de edad y 1.335 inhabilitados políticos, lo que representa un 31% de firmas fraudulentas, según acusa el régimen que llegó a anular- en forma insólita- las firmas de Henrique Capriles y Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López. Rúbricas que sin dudas son reales.
“No vamos a permitir que se siga manteniendo la matriz de fraude por la derecha venezolana”, declaró Rodríguez, quien advirtió que la solicitud hecha ante el TSJ no será la única acción que tomarán en contra de estas irregularidades, en vista de que, tal como reveló, tienen información acerca de que se hizo uso fraudulento de nombres de personas inscritas en nóminas de corporaciones, de bancos, de empresas licoreras para aumentar el número de rúbricas en la solicitud al CNE.
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