La actividad principal de esta organización en España consistía en el blanqueo de grandes capitales procedentes de actividades ilícitas de dos grandes organizaciones criminales rusas, utilizando varias empresas pantalla cuyo objetivo social estaba relacionado con la concesión de préstamos hipotecarios, con el fin de justificar operaciones financieras e inversiones inmobiliarias.
A lo largo de la investigación se han detectado conexiones con sociedades mercantiles afincadas en diversos paraísos fiscales, así como con testaferros profesionales conocidos a nivel mundial por su relación con los grandes aparatos de blanqueo.
La investigación ha desvelado la existencia de vínculos con conocidas organizaciones criminales rusas, relacionadas directamente con métodos ilegales para la adquisición de empresas, estos métodos denominados “Raiders” eran comúnmente muy utilizados por organizaciones criminales euroasiáticas en la época de los 90.
Se estima que en España se han podido blanquear más de 62 millones de euros durante los últimos años.
En la operación se han intervenido numerosos terminales móviles, dispositivos informáticos y diversa documentación, inmovilizando 142 productos bancarios, así como el embargo de 191 propiedades inmobiliarias a lo largo de toda la geografía española, principalmente en la provincia de Tarragona
Estas actuaciones se encuentran bajo secreto de sumario y han sido coordinadas por el Juzgado de Instrucción número Tres de Reus (Tarragona).
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