En este trabajo participó un equipo de 23 investigadores de Colombia, Brasil, Bolivia, Reino Unido y Estados Unidos. Dentro de la investigación, hubo desplazamiento al lugar del accidente, vía terrestre y aérea, y se realizaron entrevistas a sobrevivientes, testigos, rescatistas y tripulaciones expertas. Los registradores de vuelo (cajas negras), encontrados en menos de 24 horas luego del accidente, fueron trasladados en custodia por tres investigadores colombianos de la Aeronáutica Civil al Reino Unido para su análisis y lectura correspondiente.
Así mismo, otro equipo de tres investigadores de la Aerocivil de Colombia, encabezado por el Cr. Freddy Bonilla, Secretario de Seguridad Aérea, se desplazó a Bolivia para la consecución de más documentos y evidencias con las autoridades aeronáuticas y de fiscalía de ese país. En este proceso, la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) de Bolivia no dispuso ni suministró la información solicitada.
De acuerdo con el informe, los investigadores no identificaron una falla técnica que pueda haber causado o contribuido al accidente ni se presentó un acto de sabotaje o intento suicida. La evidencia recogida revela además que la aeronave sufrió agotamiento de combustible y con “un peso superior al permitido”.
La magnitud del impacto y daños subsecuentes de la aeronave indican también que no se presentó incendio y que hubo capacidad de supervivencia mínima tanto de tripulantes como de pasajeros. En el accidente sobrevivieron seis de los 77 ocupantes.
Con base en el análisis preliminar, la investigación del accidente continúa y se orientará en aspectos como organización, vigilancia y supervisión operacional, planificación del combustible, toma de decisiones y supervivencia.
La Aeronáutica Civil publicará el informe final de esta investigación en el mes de abril de 2017.
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