La corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso del poder de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. Se entiende como corrupción política al mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima.
En estos momentos, tal y como conocemos a través de los diversos medios de comunicación mundiales, se han producido numerosos casos de corrupción política. Esto viene a demostrar no sólo la impunidad con la que pueden actuar los distintos dirigentes sino también la necesidad imperiosa del endurecimiento de las leyes para estas situaciones y de una reforma política generalizada.
Asimismo hay que establecer que existen diversas instituciones y organismos que tienen como clara función el acometer lo que sería el control de la citada corrupción.
Entre ellos se destaca, por ejemplo, Transparencia Internacional (TI). Una organización no gubernamental, fundada en la década de los años 90 y con sede en Berlín (Alemania), que se encarga de desarrollar distintas medidas con el claro objetivo de ponerle fin a la anteriormente citada acción.
España es uno de los países que en los últimos años ha visto cómo salían a la luz más casos de corrupción por parte de sus dirigentes. De ahí que no sólo se haya producido un cambio en la mente de la ciudadanía respecto a los políticos o que la nación haya sufrido una grave crisis económica sino también que hayan surgido iniciativas como la plataforma “Ciudadanos contra la corrupción 2.0”.
El tráfico de influencias, el soborno, la extorsión y el fraude son algunas de las prácticas de corrupción, que se ven reflejadas en acciones como entregar dinero a un funcionario público para ganar una licitación o pagar una dádiva o coima para evitar una clausura.
Cada año, Trasparencia Internacional establece la lista de los países en función de una escala que va de cero a 100, de los más corruptos a los más virtuosos, según los datos recogidos por 12 organismos internacionales, entre ellos el Banco Mundial, el Banco africano de Desarrollo o el Foro Económico mundial.
Como era de esperar, los países nórdicos — Dinamarca (1º, junto a Nueva Zelanda), Finlandia (3º), Suecia (4º), Noruega (6º)– ocupan lo más alto de la clasificación.
En lo más bajo de ella figuran países asolados por conflictos como Somalia (176º y último), Sudán del sur (175º) o Siria (173º).
En América Latina, el peor clasificado es Venezuela (166º), México es 123º, y los mejor valorados son Uruguay (21º) y Chile (24º).
Sin importar esos guarismos para Uruguay, hoy estamos expuestos a una situación regional muy desfavorable por lo que ocurre en países vecinos como Argentina o Brasil particularmente y nos preguntamos, estamos preparados, hacemos algo al respecto.
En tiempos en que investigaciones como la del Lava Jato en Brasil o la ruta del dinero K en Argentina sacuden la región, esa es la pregunta que se deben hacer los sistemas político y judicial uruguayos, según el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), Ricardo Gil Iribarne. Según Gil, a pesar de que Uruguay es destacado como el país de la región con mejores niveles en el tema, “tiene problemas serios en materia de corrupción”.
“Es maravilloso estar mejor que otros países pero la cosa en la región está complicada y parece difícil que estemos bien. Yo no creo que estemos bien, creo que estamos mejor que otros. El punto es el vaso medio vacío: qué tenemos que hacer para que dentro de cinco o diez años no nos pase lo que está pasando en los países de la región”, dijo Ricardo Gil durante una ponencia en el seminario Compliance day: transparencia fiscal y prevención del lavado de dinero, organizado por el estudio jurídico Brum & Costa.
Para el presidente de la JUTEP, el principal problema es que en el país no existe un sistema pensado para combatir la corrupción. “Hoy tenemos actores que funcionan por separado pero no hay un sistema claro y definido para combatir la corrupción. Hay actores que actúan –y capaz que muy bien– pero no tenemos una estructura concebida para que esto sea eficaz y tengamos los resultados que tenemos que tener para prevenir la corrupción y castigarla”. “Existe una percepción de impunidad por parte de los corruptos, que les permite hacer cosas que no se deberían permitir, manifestó Gil.
“Desde la JUTEP una de las preocupaciones mayores que tenemos no es qué protagonismo tiene, sino qué deberíamos hacer dentro de un sistema de combate a la corrupción. Qué lugar nos toca, qué deberes debemos cumplir para que nuestra parte sea efectiva. Estoy hablando de un conjunto de actores que deberíamos trabajar articuladamente para combatir la corrupción”, y mencionó al Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación y actores de la sociedad civil, entre otros.
Mientras que el Fiscal de Corte, Jorge Díaz, que cerró dicho seminario, destacó que en Uruguay la falta de un sistema integrado por diferentes organismos con el único objetivo de combatir la corrupción, lleva a pensar que esos casos son menores. “Hay un problema. Es la falta de priorización”, para el Fiscal, a nivel judicial de Crimen Organizado, los juzgados que tienen entre sus objetivos penar delitos relacionados con corrupción no deberían seguir existiendo como tales con la implementación a partir del 16 de julio de este año del nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Con las modificaciones al viejo CPP, los fiscales serán los encargados de llevar adelante las investigaciones –que hoy realizan los jueces– y estarán especializados en diferentes áreas.
“(Los juzgados de Crimen Organizado) van a seguir funcionando pero a nivel de fiscalía no queremos más esta subdivisión del trabajo, porque en lugar de avanzar hoy hay un retroceso y las investigaciones son cada vez más lentas. Vamos a distribuir la carga de trabajo de manera distinta a como se viene haciendo”, sostuvo. De esa manera, los fiscales se especializarán según tipo de delito.
Con todo esto continuamos huérfanos de legislación al respecto y las denuncias de presuntas corrupciones arrecian al gobierno frentista y además se continua adelante con la derogación del delito de abuso de funciones en el parlamento.
Desde el gobierno de Mujica y ahora de Vázquez se han sucedido las denuncias de corrupción. Tengamos presente lo sucedido con la disolución de la empresa de aviación de bandera nacional PLUNA y el consiguiente remate de sus aviones y lo del aval por parte del ex Presidente Caloia del BROU y el ex Ministro de Economía Lorenzo en el gobierno anterior que llevaron a sus procesamientos por abuso de funciones y ahora las denuncias presentadas a la justicia por la oposición en el caso ANCAP, también las denuncias por los manejos en la fracasada obra de la Regasificadora y las implicancias de ex directores de UTE por su vinculación a empresas proveedoras .
Pero no solo en el gobierno frenteamplista vemos corrupción, hoy los sindicatos no son ajenos y así existe una denuncia por desviación de fondos en el Plan de viviendas del PIT CNT.
Hoy la corrupción campea en nuestro país bajo el gobierno del Frente Amplio. Existen procesados por abuso de función en el Estado, los representantes de los trabajadores también son procesados por abuso de función, y los políticos también, y ahora empiezan a aparecer irregularidades graves, incluso con faltante de dinero en varios Sindicatos del PIT CNT. Sin embargo a pesar de haber separaciones de cargos e incluso procesamientos, del tema poco se habla pues parecería que los que fueron juzgados –o separados de los cargos- no serían los únicos implicados.
En el Parlamento prospero una Comisión Investigadora respecto a ANCAP y de ella salió una denuncia penal de toda la oposición por la presunción de delitos graves que afectarían al ex presidente de ANCAP y actual vicepresidente de la República Raúl Sendic. Mientras a todo esto desde el gobierno no se hace nada y se dice que todo va marchando mejor y se publican estadísticas para demostrarlo, mientras la realidad que salta a los ojos es totalmente otra y ya no se puede ocultar. Desde esferas gubernamentales existe pudor para referirse a la corrupción pero ya se puede empezar a escuchar tímidamente su mención. Debemos perder la timidez y la vergüenza y tomar el toro por las guampas. La corrupción está latente y no la ve quien no quiere. Para eliminarla hay que asumirla y conocerla para establecer sus controles. Debe el estado acentuar sus controles, darle herramientas a la JUTEP y más celeridad a la justicia sino nos pasa por arriba.
Jorge Basur
Opinión
