Sin ninguna ley prevista en la Constitución española, que respalde el ilegal referéndum independentista de Cataluña, el govern presidido por Carles Puigdemont, lejos de acatar las leyes sigue desafiando al Estado y a la mayoría del pueblo español con una votación secesionista, que busca romper con España sin respetar a los ciudadanos.
Ultras desenfrenados han cercado a la Guardia Civil para atacarlos por los operativos ordenados por la Justicia para impedir el referendo independentista.
Actuando como terroristas e incentivados por los radicales de la CUP, los ultras buscan generar víctimas para tener el pretexto de culpar al gobierno central de los desmanes que ellos provocan, destacan analistas.
El presidente Puigdemont, lejos de pensar que su arenga radicalizada puede generar violencia, dijo hoy que “El Estado español ha suspendido de facto el autogobierno de Cataluña y ha aplicado de facto un estado de excepción”.
Sabiendo que está violando todas la leyes, el enceguecido Puigdemont dijo que “Las irrupciones policiales en varias sedes del Gobierno de Cataluña, las detenciones de altos cargos y técnicos del Gobierno, los registros indiscriminados incluso en domicilios particulares, la intimidación a medios de comunicación, una actuación de la fiscalía al margen del control judicial, el intento de bloqueo sin orden judicial de las cuentas de la Generalitat, la violación del secreto de las comunicaciones postales, el cierre y bloqueo de páginas web, y la amenaza al conjunto de la ciudadanía que desea expresarse y decidir su futuro , generan una situación inaceptable en democracia, y es propia de un gobierno que pretende resolver por la vía de la suspensión del estado de derecho y del asedio a la democracia y las libertades lo que es la demanda de la inmensa mayoría del pueblo de Cataluña”.
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