Actualmente, el Ministerio de Ganadería está capacitando a los veterinarios para que comiencen a instalar los microchips explicó el subsecretario de dicho ministerio Enzo Benech en conferencia de prensa. Sostuvo que, a medida que los profesionales sean habilitados, la Comisión de Bienestar Animal estará en condiciones de anunciar la entrada en vigencia del Registro Nacional de Animales de Compañía y, por ende, el inicio de las fiscalizaciones a los propietarios de los perros (no fijó una fecha).
El uso de microchips en la población canina (en ejemplares de más de 90 días) será fiscalizado y exigido a toda la población, anunció el subsecretario.
El chip es la “cédula de identidad” de la mascota, que mediante el escaneo de un código de barras permitirá acceder a información sobre el animal, como el nombre, el año de nacimiento o su dueño. Será útil también para determinar la identidad de la mascota en casos de duda (como en casos de extravío o robo).
“No podemos hablar de tenencia responsable si no sabemos quién es el dueño de los animales”, enfatizó Benech.
En cuanto al costo del mismo se informo que no se fijará un precio para la colocación del microchip, aunque se sugiere cobrar 200 pesos más IVA. EL chip saldrá entre 200 y 300 pesos.
En Uruguay hay aproximadamente 1.750.000 perros, según un informe de la consultora Opción. “Tenemos una superpoblación de perros en el Uruguay”, dijo Enzo Benech.
Desde hace un tiempo la comunidad, los grupos de rescatistas y las ONG dedicadas al rescate y adopción de perros abandonados, presentaron a las autoridades una inquietud para que busquen solucionar el tema de la “Tenencia responsable”.
Después de muchas idas y vueltas las autoridades no han tenido mejor idea que “OBLIGAR” a tener a los perros con CHIP…como forma de tener algún tipo de control de cuantos perros hay en que lugar, edades, cuidados etc.
Este chip a colocar en la población carece de la posibilidad de ubicar al can que se extravíe porque carece de GPS para solución del dueño.
Todo muy interesante, pero nos preguntamos si eso ayudara en algo al “PROBLEMA” planteado, y la respuesta es muy simple, solo le quitara al ciudadano $ 500 por perro…y ¿quien se beneficia? Aquí únicamente lo que se ve es un afán recaudatorio del estado.
Nos preguntamos… ¿por qué las medidas siempre incluyen recaudación por impuestos o multas?… ¿por qué no se habla de castraciones obligatorias o educación de las personas dueñas de los animales?
A simple vista no se observa un sistema de control de la población canina y no parece que las autoridades estén pensando en resolver ese problema, simplemente solo usan esto como excusa para volcar más dinero a sus arcas…sin solucionar absolutamente nada.
Opinión
