El Consejo de Ministros también ha acordado impugnar ante el Tribunal Constitucional el decreto de convocatoria del referéndum que firmó anoche el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, así como el decreto por el que se aprueban las normas complementarias para su realización. Finalmente, se recurre la resolución del Parlamento catalán por la que se designan cinco miembros de la Sindicatura Electoral.
En los recursos, ha apuntado el presidente, el Gobierno pide “la nulidad de todos estos actos y que se decrete la suspensión de los mismos, a la espera de la correspondiente sentencia”. También solicita que se notifique personalmente esa suspensión al presidente de la Generalitat, a todo su Gobierno, a los principales altos cargos de la Generalitat relacionados con la organización de la consulta y a los 947 alcaldes de Cataluña. La petición incluye que en esas notificaciones se les advierta de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum.
Convivencia democrática
El jefe del Ejecutivo ha desgranado las razones que amparan la decisión del Gabinete y que, en su conjunto, “constituyen un aldabonazo sobre los aspectos cada vez más autoritarios y antidemocráticos” de los responsables de las instituciones de Cataluña.
En primer lugar, Rajoy ha señalado que el Gobierno debe “hacer honor” al mandato de “cumplir y hacer cumplir la ley”. España, ha argumentado, es un país que “convive en paz y conforme a unas reglas acordadas por todos”, y frente a esta voluntad democrática de los españoles “no existe ningún poder que pueda menoscabarla ni ningún tipo de legitimidad alternativa”.
La segunda razón es la defensa de la soberanía nacional: “Todos decidimos sobre lo que a todos nos pertenece, que es nuestro país”. La Nación española, ha añadido, “es el resultado de la voluntad y los sentimientos de generaciones y generaciones de mujeres y hombres que han querido vivir juntos, en su innegable y enriquecedora pluralidad”. Ni el presidente ni las Cortes ni ningún otro poder “puede hurtar unilateralmente” esa decisión que corresponde a “todos y cada uno de los españoles”.
“En consecuencia, esa consulta, por más que se pretenda imponer de forma atropellada, chapucera e ilegal, no se va a celebrar”, ha manifestado.
Autogobierno de Cataluña
En tercer lugar, el jefe del Ejecutivo ha señalado que la convocatoria del referéndum de autodeterminación es un “claro e intolerable acto de desobediencia a nuestras instituciones democráticas”. Los poderes públicos, ha expuesto, tienen un “deber de fidelidad” hacia la Constitución y las resoluciones del Tribunal Constitucional que es “el soporte fundamental de nuestro Estado de Derecho y la clave de bóveda del pacto de convivencia que los españoles nos dimos hace cuarenta años”.
Mariano Rajoy ha recalcado que el acatamiento a la Constitución no implica que esta sea una “ley perpetua”, ya que incluso sus preceptos más esenciales pueden ser modificados a través de las reglas y los procedimientos previstos, “nunca mediante la desobediencia o la imposición antidemocrática e ilegal”. Además, ha recordado que invitó al presidente de la Generalitat a exponer sus demandas en el Congreso de los Diputados “para abrir un diálogo” sobre ellas y que Carles Puigdemont “nunca quiso hacerlo”, ni tampoco negociar “ningún otro posible entendimiento que no pasara por la imposición del referéndum”.
El cuarto fundamento de los recursos citado por el presidente es la defensa del autogobierno de Cataluña, la dignidad de sus instituciones y los derechos de sus ciudadanos. Se ataca ese autogobierno, ha dicho, cuando no se respeta la Constitución sobre el que se fundamenta, cuando se quiere derogar “de un plumazo” el Estatuto de Autonomía y cuando se desprecian los dictámenes y las advertencias de las propias instituciones catalanas, como ha ocurrido con el Consell de Garantias Estatutarias.
Rajoy ha sostenido, por último, que el reglamento del decreto de organización del referéndum “incumple todos y cada uno de los criterios internacionales sobre consultas populares.
Proyecto de ruptura
Mariano Rajoy ha calificado de “espectáculo democráticamente deplorable” la sesión celebrada ayer en el Parlament: “Todo el cúmulo de ilegalidades e arbitrariedades que allí se produjeron es producto solo de un hecho: de la obstinación de unos políticos por imponer a la fuerza su proyecto de ruptura a la sociedad”.
Los responsables de este proceso, ha proseguido el presidente, “no han tenido reparo alguno en forzar las reglas del juego, aprobar leyes fantasmas, privar a la oposición de sus derechos o desobedecer las advertencias de sus propios letrados”.
Rajoy ha afirmado que en España se puede ser independentista y defender la ruptura de la soberanía nacional mediante los cauces legales, pero no se pasará “por encima de nuestras normas democráticas para conseguirlo”.
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