Justicia rechazó un recurso de Julio De Vido por la compra de trenes inservibles a España y Portugal

En el acuerdo de este martes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió rechazar un recurso de queja interpuesto por la defensa del ex ministro kirchnerista Julio De Vido, en el marco de la causa CFP 5406/2013/25/1/RH2 “Recurso de hecho deducido por la defensa de Julio Migue De Vido en la causa ‘De Vido, Julio Miguel y otros s/ defraudación contra la administración pública”, por no dirigirse contra la sentencia final de la causa.
Dicha decisión fue adoptada en el marco del expediente en el que se investiga la firma de diversos contratos de compraventa de materiales ferroviarios que habría suscripto el nombrado en su calidad de ministro de Planificación, obligando abusivamente al Estado.
La defensa de De Vido cuestionaba su procesamiento por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública y dispuso ampliar la investigación en punto a la acreditación perjuicio al Estado.
La causa
Se le imputó a Julio Miguel De Vido, quien se encontraba a cargo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación (MPFIPS) del kirchnerismo, con la participación necesaria del integrante de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Carlos RETUERTO CASTAÑO, que durante elperíodo comprendido entre el 8 de julio de 2004 y el 6 de marzo de2012, cada uno desde sus respectivos cargos, diseñaron e implementaron un plan de modernización ferroviaria que, mediante la suscripción de una serie de actos jurídicos, determinó un perjuicio patrimonial a la administración pública.
Concretamente fueron celebrados acuerdos, contratos y adendas, entre el Estado Nacional y las empresas españolas Sociedad Mercantil Estatal Española Expansión Exterior S.A. (EE), Red Nacional de Ferrocarriles de España (RENFE) y Ferrocarriles Vía Estrecha (FEVE), así como con la empresa Caminhos de Ferro –**Portugueses (CFP) de la República de Portugal que, escudándose en el estado de emergencia que presentaban los servicios de los ferrocarriles argentinos (declarada mediante el dictado de los decretos N° 2075/02, 1261/04 y 1683/05 del PEN), determinaron la comprador parte del Estado de material ferroviario cuyo precio y utilidad fueron claramente perjudiciales -y en muchos casos inservibles- para el patrimonio nacional y para el parque ferroviario.
Entre las irregularidades constatadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) se expresa que en lo concerniente a España “el 44% del material rodante adquirido se encuentra fuera de servicio, sin que se efectuaran las tareas de reparación necesarias para su utilización”.
Respecto al material adquirido a Portugal el 22% del mismo se encuentra fuera de servicio, según constatación de la AGN.