Guayaquil, (Andes).- El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a seis años de prisión por el delito de asociación ilícita al vicepresidente Jorge Glas, a su tío Ricardo Rivera, y los otros tres implicados, Édgar Arias; Carlos Villamarín y Ramiro Carrillo dentro del proceso Odebrecht.
El juez Édgar Flores Mier leyó por espacio de 25 minutos la sentencia, en la cual además se redujo en un 80 por ciento la pena a otros los procesados Gustavo Massuh, José Rubén Terán y Képler Verduga por acogerse al procedimiento de cooperación eficaz y absolvió a Diego C., al no encontrarse culpabilidad en el delito que se investiga.
El Tribunal, además, impuso la reparación integral por más de 33 millones de dólares que deberán asumir los sentenciados. Y dispuso a la Fiscalía que realice las indagaciones correspondientes contra los acusados por la presunta existencia de otros delitos conexos como peculado, cohecho, lavado de activos, entre otros.
Esta sentencia acoge prácticamente el pedido de la Fiscalía del Estado que recogió pruebas testimoniales y documentales durante el proceso.
La sentencia fue escuchada por todas las partes en la sala de audiencias de la Corte Nacional, en cuyos exteriores se concentraron simpatizantes del Vicepresidente de la República y de otros partidos de oposición para pedir por la inocencia y la culpabilidad del segundo mandatario.
Eduardo Franco Loor, abogado de Glas, anunció que apelará la sentencia a la que calificó de “bárbara”, debido a que -según agregó- viola normas constitucionales.
De su parte, el fiscal Carlos Baca al final de la audiencia agradeció la cobertura de los medios de comunicación, al tiempo que señaló que el proceso de llevó a cabo de una manera técnica y apegado a justicia.
Antecedentes
Desde la pasada campaña presidencial, el vicepresidente Glas fue el blanco de señalamientos de sectores de oposición y mediáticos en torno a su participación en irregularidades en la contratación de obras a cargo de la constructora brasileña Odebrecht.
Tras el triunfo electoral, la situación se volvió tensa para el vicepresidente luego de la detención, en junio pasado, de su tío Ricardo Rivera, por su participación en la recepción de coimas de la transnacional Odebrecht para adjudicarse obras de infraestructura, pese a que él no ejercía ningún cargo público.
La Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía inició una indagación contra el familiar del segundo mandatario y otros 17 sospechosos, entre ellos el excontralor del Estado, Carlos Pólit, quien se encuentra prófugo en Miami, Estados Unidos.
Al mismo tiempo, en el Legislativo se realizaba un primer intento de juicio político a Glas por iniciativa de la bancada del movimiento CREO, del candidato perdedor de las elecciones pasadas, Guillermo Lasso, acción que no prosperó por no encontrar los votos suficientes.
En medio del avance de las indagaciones, el 3 de agosto el presidente Moreno retiró las funciones encomendadas al segundo mandatario tras considerar como “ofensiva” una carta en la que le cuestionaba un supuesto pacto con sectores de oposición. Esta decisión al tiempo que ahondó las pugnas internas en movimiento Alianza PAIS debilitó políticamente a Glas.
Luego, el vicepresidente pidió a su bancada legislativa que lo libere de la inmunidad parlamentaria que ostentaba por su alto cargo para someterse a la justicia para probar -dijo- su inocencia bajo el compromiso de jamás abandonar el país.
Por otro lado, la Fiscalía luego de la recopilación de información llegó a la conclusión de que había elementos de convicción suficientes para vincular al segundo mandatario en el presunto delito de asociación ilícita. En efecto, en audiencia celebrada el pasado 29 de agosto, el juez de primera instancia de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado, dio paso al pedido de la Fiscalía respecto a la vinculación de 11 personas, entre ellas el vicepresidente de la República.
Finalmente el 2 de octubre, el juez Jurado dictó orden de prisión preventiva contra el vicepresidente, quien fue llevado sin ningún tipo de inconvenientes a la denominada cárcel 4 en Quito desde su domicilio en la ciudad de Guayaquil.
Ya instalado en la prisión quiteña, el segundo mandatario concedió entrevistas a distintos medios internacionales en las que se declaró víctima de una conspiración política para hacerse de la Vicepresidencia de la República, al tiempo que ratificó su inocencia en el delito que se le imputa.
Por varias ocasiones, la defensa interpuso recursos legales, entre ellos el de hábeas corpus, para conseguir la libertad de Glas; sin embargo todos fueron negados.
Una vez reunidas las pruebas y agotados todos los recursos, se instaló la audiencia preparatoria de juicio el 8 de noviembre. En esta instancia, la Fiscalía fundamentó su dictamen acusatorio contra Glas, contra quien consideró 28 elementos de convicción, y otras ocho personas.
No obstante, se abstuvo de acusar a cuatro exfuncionarios de la constructora brasileña Odebrecht, entre ellos José Conceição Santos, autor confeso del delito de entregar sobornos, por considerar que este ya había sido condenado en su país natal.
Al cabo de cuatro días de alegatos, la audiencia preparatoria culminó con el llamado a juicio de Glas y otras ocho personas. A otros tres acusados, el excontralor Carlos Pólit y los venezolanos Alexis A. y Freddy S., no se los ha podido procesar por encontrarse ausentes del país.
El caso, por tanto, pasó a conocimiento del Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, presidido por el juez Édgar Flores Mier e integrado además por los magistrados Sylvia Sánchez y Richard Villagómez.
El proceso en esta instancia se desarrolló durante catorce días en los que las partes, por un lado la Fiscalía, Procuraduría y el acusador particular César Montúfar, y por otro, la defensa de los acusados, presentaron pruebas testimoniales y documentales que ratifican el cometimiento del delito y ratifican la inocencia, respectivamente.
Al final de los alegatos, la Fiscalía pidió la pena máxima de seis años en contra del segundo mandatario y su tío. Asimismo solicitó la reducción de penas en un 80% a los sindicados Gustavo M., José Rubén T. y Képler V., y la reparación integral al Estado por la suma de 33,39 millones de dólares a todos los acusados. Para Diego C. pidió la absolución definitiva.
Lo que sigue
Con la sentencia del Tribunal, el proceso no termina si cualquiera de las partes presenta el recurso de ampliación a aclaración de este fallo, según lo determina el Código Integral Penal o en su defecto la apelación a la sentencia.
Una vez presentada por escrito la apelación, el proceso subirá a una la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, donde los jueces dictaminarán sobre el pedido de apelación. Los jueces serán elegidos mediante un sorteo entre los magistrados permanentes y los conjueces.
En caso de que la sentencia de segunda instancia no sea aceptada por una de las partes, el juicio subirá a casación, donde el expediente será nuevamente analizado por los magistrados de la Corte Nacional de Justicia.
Además, la Constitución permite a una persona que se sienta vulnerada en sus derechos por una sentencia judicial presentar ante la Corte Constitucional un recurso de protección. Finalmente, si este último recurso es adverso el procesado puede acudir a tribunales internacionales de Derechos Humanos.
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