La Contraloría General de la República de Chile emitió un dictamen donde determina que el protocolo de objeción de conciencia por la Ley de aborto en tres causales “no se ajusta a derecho”, ya que considera que los establecimientos públicos no pueden invocar objeción de conciencia, debido a que es función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud.
La medida adoptada por la entidad que controla la legalidad de los actos de la Administración del Estado y resguarda el correcto uso de los fondos públicos, con independencia del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional, se debe a que un grupo de parlamentarios expresaron su disconformidad con la medida impulsada por el Ministerio de Salud, el cual modificó la ley de aborto en tres causales promulgada en 2017 bajo el pasado gobierno de Michelle Bachelet, permitiendo que las instituciones sanitarias privadas que reciben financiamiento fiscal puedan acogerse a la objeción de conciencia para negarse a practicar abortos, algo que no estaba permitido en la ley original y que ponía en jaque la realización de abortos en 3 causales la que se puede invocar en caso de que esté en peligro la vida de la madre, inviabilidad fetal o embarazo por violación.
De esta forma y bajo las instrucciones de Contraloría las instituciones privadas que tengan convenio con el Estado tampoco pueden acogerse a la objeción de conciencia, puesto que al recibir financiamiento público, se entiende que sustituyen a los servicios de Salud y que forman parte de la red pública de Salud. Así mismo dictamina que sólo las entidades privadas pueden invocar la objeción de conciencia institucional, como por lo demás lo reconoce el protocolo cuya legalidad se examina.
La medida fue destacada por diversos parlamentarios, al tiempo de señalar que el Protocolo hecho por el gobierno de Sebastián Piñera se utilizó para dificultar a las mujeres el ejercicio de un derecho como es el aborto en 3 causales, además de pedir un paso al costado al actual Ministro de Salud, Emilio Santelices.
Ante esto el diputado del Frente Amplio de Chile, Gabriel Boric Font aseguró que “el gobierno trató de dificultar el ejercicio de un derecho como es el aborto en 3 causales. No estuvieron disponibles para un diálogo democrático al respecto, y cuando fue interpelado el Ministro evadió el tema”.
A su vez el diputado Diego Ibañez afirmó que “Contraloría declaró ilegal protocolo de Objeción de Conciencia; el gobierno pasó por encima de las instituciones y no reconoce responsabilidad pública de clínicas que reciben fondos fiscales”.
Por último la diputada de Revolución Democrática, Natalia Castillo expresó que “Contraloría declara ilegal el protocolo de objeción de conciencia. El Min. @ESantelices no se ajustó a Derecho. impresentable, poco responsable con las mujeres y pone de manifiesto su intención de imponer a la fuerza su voluntad”.
