La titular de la Oficina Anticorrupción (OA) de Argentina, Laura Alonso, fue denunciada penalmente por la contratación de una consultora ligada al oficialismo para hacer tareas de divulgación, a pesar de que todos los organismos del Estado tienen sus propias direcciones de prensa. Alonso dio de baja el contrato, de un millón de pesos, cuando trascendió el convenio, según informa Minuto de Cierre
El abogado Leonardo Martínez Herrero denunció a la Oficina Anticorrupción, encabezada por la macrista Laura Alonso, por presuntos “negocios incompatibles con la función pública y malversación de caudales públicos” a raíz de la contratación de la consultora Consuansor, vinculada al oficialismo, para tareas de prensa y manejo de redes sociales.
Alonso dio de baja el contrato (de un millón de pesos), cuando trascendió el convenio que firmó la oficina que justamente debe encargarse de velar por la transparencia del Estado.
Con los datos aportados el último fin de semana por el periodista Sebastián Lacunza en el portal Letra P, Martínez Herrero realizó la denuncia penal, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello (subrogado por Luis Rodríguez), y en ella subraya que el convenio con Consuansor “no se trata de un mero contrato obtenido presumiblemente gracias a un vínculo político sino que la empresa se dedica nada menos que al lobbying, lo cual pone a Alonso ante un evidente conflicto de intereses”.
En su presentación el denunciante recuerda que, entre otros servicios, Consuasor ofrece a través de su web el análisis de “riesgo político-regulatorio” y el “lobbying, es decir, la representación de intereses privados ante el Estado. De modo que la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (tal es el nombre formal de la OA), una de cuyas tareas es investigar el cruce de intereses estatales y privados, se encuentra ante el escenario de pagar a una consultora que también trabaja para empresas que buscan incidir en políticas gubernamentales”.
