En una acción conjunta realizada este jueves (8), el Ministerio Público Federal en el estado y la Policía Federal ampliaron las investigaciones sobre la actuación de parlamentarios fluminenses y arrestaron a siete diputados, además de funcionarios del Palacio Guanabara y del Departamento de Tráfico (Detran), que tiene al actual presidente Leonardo Silva Jacob y su predecesor Vinicius Faraj como forajidos.
La operación que condujo a la detención de dos principales líderes políticos del estado : ex presidentes de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj) Jorge Picciani y Paulo Melo, que tenía pedidos de prisión expedidos. Otro que fue arrestado en la Operación Cadena Vieja y recibió nueva orden de prisión fue el diputado Edson Albertassi.
La acción fue desencadenada para investigar la participación de diputados estatales de Río de Janeiro en esquema de corrupción, lavado de dinero y loteo de cargos públicos y mano de obra tercerizada, principalmente en el Detran / RJ.
La operación de hoy tuvo como objetivo el cumplimiento de 22 mandatos de prisión (19 temporales y tres preventivas, referentes a los reos de la Cadena Vieja) y 47 de búsqueda y aprehensión, todos expedidos por el Tribunal Regional Federal de la 2ª Región (TRF2) después de la decisión unánime de cinco desembargadores federales que componen la 1ª Sección.
Los diputados son investigados por el uso de Alerj al servicio de intereses de la organización criminal del ex gobernador Sérgio Cabral (MDB), que a cambio pagaba una media mensual (“mensual”) durante su segundo mandato (2011-2014), que llegó a movilizar R $ 54,5 millones.
Según las investigaciones del Ministerio Público, la propina resultaba del sobreprecio de contratos estatales y federales. Además de Cabral, tenían funciones de mando en la organización investigada, los ex presidentes de Alerj Jorge Picciani y Paulo Melo, el primero en arresto domiciliario y el segundo actualmente recluido en Bangu como consecuencia de la Operación Cadena Vieja y que fueron objeto de nuevas solicitudes prisión.
Propinolândia
El procurador regional de la República Carlos Aguiar fue enfático al resaltar que el esquema funcionaba desde la administración del ex gobernador Sérgio Cabral, que cumple prisión en el Complejo Penitenciario de Bangu. Según él, “Alerj se ha convertido en una verdadera propinolandia”.
“Este modelo de fisiologismo, de loteo de cargos, viene de la época del ex gobernador, vigora hasta hoy y se ha replicado en esas elecciones. “Es innegable que algunos de los que fueron reelegidos para la nueva legislatura se valieron de ese esquema”, afirmó.
Según Aguiar, “lo que se percibe es que existe dentro de Río de Janeiro un grupo que se apoderó de Alerj, y las investigaciones demostraron que esos personajes saltaron el estado de Río para viabilizar la ejecución de sus intereses políticos.
Uno de los objetivos de la operación fue el secretario estadual de gobierno, Affonso Monnerat, señalado como el eslabón entre Alerj y el Palacio Guanabara. El esquema, volcado para la compra de votos en Alerj, llegó a moverse R $ 54,5 millones entre 2011 y 2014, que eran destinados al pago de ‘mensalitos’ a diputados que votaran de acuerdo con los intereses del gobierno.
Lista de presos
Entre los diez diputados involucrados en las investigaciones y que tuvieron sus prisiones decretadas está André Correa (DEM), reelegido para otro mandato, ex secretario del Medio Ambiente y que actualmente pleitea la presidencia de la Asamblea Legislativa del estado.
El presidente de Brasil, Luiz Martins (PDT), y Marcos Vinícius Neskau (PTB), todos reelegidos y encarcelados el jueves, además de Chiquinho da Mangueira (PSC) , también reelegido y que habría recibido R $ 3 millones, parte de los cuales habría sido usado para patrocinar el desfile de la escuela de samba Mangueira, en 2014, de la cual es presidente. Otro preso fue el diputado Coronel Jairo, que no fue reelegido.
El Tribunal Regional Federal de la 2ª Región (TRF2) acordó con la argumentación de que las prisiones y las búsquedas y aprehensiones se hicieron necesarias “para interrumpir conductas como la ocultación del origen ilícito de los valores pagados a los diputados estatales”. Según el texto, “otra justificación de los mandatos judiciales fue el alto poder y la capilaridad de los esquemas criminales bajo investigación, que envuelven la cúpula de Alerj con ramificaciones en varios órganos estatales”.
“Las investigaciones cuentan una historia: la de cómo el ex gobernador neutralizó, con propina y otras ventajas ilícitas, el control que los diputados estatales deberían ejercer sobre el Ejecutivo, y, con ello, la organización criminal se extendió por varios órganos y entidades del estado, provocando el chatarra de los servicios prestados a la población “, afirma el texto.
Las investigaciones, que incluyen relatos de colaboradores corroborados por pruebas independientes recogidas por el MPF y la PF, apuntaron que el “mensual” y los “premios” eran pagados a diputados como contrapartida por votos a favor de proyectos de ley de interés de la organización y por actuaciones contra el avance de comisiones parlamentarias de investigación (CPI), entre otros servicios.
También son blancos de la operación, el secretario de Gobierno, Affonso Monnerat; el presidente del Detran / RJ, Leonardo Silva Jacob; y su predecesor Vinícius Farah, recién electo diputado federal por el MDB. Se investigan por la distribución de otro tipo de ventaja ilícita: cargos públicos y vacantes de trabajo en empresas proveedoras de mano de obra tercerizada, principalmente para el Detran.
Según el MPF, los diputados repartieron los puestos del Detran de acuerdo con sus áreas de influencia política, para indicar a los nominados. Estas indicaciones viabilizaban la injerencia de esos políticos sobre el Detran local, posibilitando desarrollar sus propios esquemas criminales. Monnerat fue blanco de prisión por haber aparecido en conversaciones telefónicas y en planillas encontradas en la Operación Cadena Velha como intermediario de indicaciones políticas de mano de obra tercerizada.
Las interceptaciones telefónicas revelaron que, por medio de las indicaciones, tanto los diputados como sus asesores intermediaban, por ejemplo, el reactivación de pruebas de personas sin puntuación mínima para obtener la habilitación, además de la liberación, en vistorias, de vehículos en mal estado o con pendiente. También se descubrió el uso, en las últimas elecciones, de esa mano de obra para promoción personal de los políticos que concurrían a la reelección o sus familiares candidatos.
La operación conjunta fue denominada Furna da Onça por tratarse del nombre de una sala con localización estratégica en la Alerj utilizada por diputados para rápidas reuniones durante las sesiones. En la Asamblea, hay una versión de que el nombre Furna (toca) de la Onza remite al uso de la sala para las discusiones parlamentarias más influyentes, en los instantes finales antes de las votaciones en plenario.
