En el tercer informe del Grupo de Trabajo para Nicaragua al Consejo Permanente de la OEA se presenta un panorama de sus actividades y avances del 18 de octubre al 1 de diciembre de 2018, de conformidad con la resolución CP/RES. 1109 (2175/18). Durante esta etapa de su mandato, el Grupo continuó reuniéndose con partes interesadas y procurando la participación del Gobierno de Nicaragua a fin de contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles para la situación en el país.
En la evaluación de la situación, el Grupo de Trabajo, compuesto por 12 países, revela que la situación en Nicaragua sigue siendo motivo de gran preocupación debido a la persistente falta de acceso de monitores creíbles de derechos humanos, la intensificación de la represión sistemática y la retórica cada vez más perturbadora y hostil del Gobierno hacia el público nicaragüense y la comunidad internacional.
Los informes e indicadores de organizaciones respetadas siguen presentando un panorama preocupante de la grave situación económica de Nicaragua como consecuencia de la crisis, así como del impacto de los refugiados y migrantes nicaragüenses en los países de la región y de la necesidad de proporcionarles asistencia. En reuniones con interlocutores, el Grupo de Trabajo ha observado que la realidad en el terreno es incluso más compleja que la situación que las redes sociales y los medios de comunicación pueden mostrarnos.
Se arresta, amenaza e intimida sistemáticamente a clérigos y estudiantes y persisten las denuncias de desapariciones forzadas y secuestros, a pesar de las declaraciones y garantías en contrario del Gobierno de Nicaragua. Frente a esta incertidumbre e inseguridad, muchas empresas han cerrado, varios sectores clave se han visto perjudicados y el desempleo está aumentando. Se prevé que, este año, la economía nicaragüense presentará una contracción de 4% como consecuencia de estas condiciones.
El Grupo de Trabajo toma nota de la intención del Gobierno de Nicaragua de realizar una “consulta nacional”, pero insiste en que, para que el diálogo sea fructífero, debe ser incluyente y transparente y contar con la participación de todos los actores y sectores. El Grupo de Trabajo observa que el Gobierno de Nicaragua todavía no se ha mostrado dispuesto a establecer condiciones que posibiliten un proceso de ese tipo ni ha adoptado medidas concretas para poner fin a la violencia y la represión contra las personas que participan en protestas o que tratan públicamente de ejercer sus derechos humanos básicos.
