Otro juicio a Cristina Kirchner por presunta apropiación indebida de documentos históricos

En marzo, el magistrado había procesado a la ex presidente por “ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos”, por haberse encontrado el año pasado en su vivienda del sur una carta original del general José de San Martín y un prontuario de Hipólito Yrigoyen

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Cristina Kirchner y su ex vicepresidente Amado Boudou, también procesado en otra causa de corrupción (Foto archivo de Presidencia)

El juez federal de Argentina Claudio Bonadio, elevó a juicio la causa que investiga la aparición de documentos históricos en la casa de Calafate de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. Bonadio, retomó este jueves sus actividades en Comodoro Py tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica.

Se trata de una carta que San Martín le había enviado a Bernardo O’Higgins en 1835. En su libro, contó que fue Vladimir Putin, presidente de Rusia, quien se la regaló.

En marzo, el magistrado había procesado a la ex presidente por “ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos”, por haberse encontrado el año pasado en su vivienda del sur una carta original del general José de San Martín y un prontuario de Hipólito Yrigoyen.

El 8 de mayo, la Cámara Federal había confirmado el procesamiento de la ex presidente

Los valiosos documentos fueron encontrados en los allanamientos que el magistrado dispuso en agosto de 2018 a tres de las propiedades de la senadora nacional (su departamento de recoleta y dos viviendas en Santa Cruz) en el marco de la investigación de los llamados “Cuadernos de las coimas”, otro de los casos de corrupción en la que está acusada Cristina Kirchner.

Tras los procedimientos, la ex mandataria cuestionó al juez federal por “romper todo” en un video que subió a YouTube y difundió desde sus redes sociales. “Vinieron a buscar millones de dólares lingotes y solo se llevaron nuestros bastones presidenciales y el de Cámpora, que su familia nos regaló”, sostuvo entonces, según informa Minuto de Cierre.

La ley 15.930 dispone una pena de multa para el “ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos”, en caso de que no aplique otra pena mayor si la acción implica la comisión de otros delitos contemplados en el código penal.