La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que un total de 23 personas habrían perdido la vida, 715 personas habrían sido heridas y otras 624 personas habrían sido detenidas en el marco de las movilizaciones ciudadanas que se producen en diferentes ciudades de Bolivia, luego de la salida de ex-presidente Evo Morales.
De la misma forma el organismo internacional condenó de forma absoluta la fuerte represión policial adoptada por las Fuerzas de Seguridad del Estado, quienes han usado armas de fuego, cañones de agua y gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes, por lo que insta a las autoridades del Estado a tomar las medidas necesarias para evitar la impunidad y a garantizar el derecho a la reunión pacífica de los ciudadanos.
En este contexto aseguró que desde que Evo Morales anunció su renuncia después de varias semanas de protestas por los resultados de las elecciones del 20 de octubre, la acción combinada entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas ha incrementado las muertes en el país, además de acotar que el control del orden público por parte de ambas entidades no cuenta con el adecuado sustento legal.
Ante esto argumentó que es de reiterar que de conformidad con los estándares Interamericanos es deber del Estado limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales.
En esta línea expresa su preocupación por la participación de las Fuerzas Armadas en operativos para control del orden público, al tiempo de cuestionar el reciente Decreto emitido por el Ejecutivo que pretende eximir de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para restablecimiento del orden interno.
