El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva salió recientemente de la cárcel de la Policía Federal (PF) en Curitiba, después de una decisión del Tribunal Federal que autorizaba su liberación. Lula fue arrestado desde el 7 de abril del año pasado por condena en el caso del triplex Guarujá (SP), una de las demandas de la Operación Lava Jato.
Lula salió de la sede de PF por la puerta principal, acompañada por parlamentarios del PT y sus abogados. Se dirigió hacia los partidarios que lo esperaban en un escenario donde debía pronunciar un discurso ante los militantes.
La libertad del ex presidente fue dictada por el juez Danilo Pereira Júnior, luego de que la defensa de Lula solicitó la liberación del ex presidente con base en el fallo emitido ayer (7) por el Tribunal Supremo (STF), que anuló la validez de la ejecución provisional. condena, conocida como prisión después de la segunda instancia.
Nota de la redacción Esta liberación no significa que Lula sea inocente del cargo de corrupción, el juicio en su contra proseguirá pero con el expresidente en libertad transitoria.
Medida que beneficia a Lula
El Supremo Tribunal (STF), modificó la jurisprudencia vigente entre 2009 y 2016, el plenario del STF estableció, por 6 votos contra 5, que la ejecución de la sentencia, incluido el arresto, solo puede comenzar después de la llamada cosa juzgada, cuando se agotan todos los recursos posibles. contra la sentencia penal, incluidas las apelaciones ante el Tribunal Superior de Justicia (STJ) y el propio Tribunal Supremo.
Acusadores
El grupo de trabajo responsable de la Operación Lava Jato en el Servicio Federal de Fiscalía (MPF) emitió una declaración que dice que “la decisión de revertir la posibilidad de arresto en segunda instancia está en disonancia con el sentimiento de repudio a la impunidad y lucha contra la corrupción, las prioridades del país “.
“La existencia de cuatro instancias de juicio, propias de Brasil, asociadas con el número excesivo de apelaciones que superan el centenar en algunos casos penales, resulta en demoras y prescripción, lo que lleva a la impunidad”, agregó el grupo de trabajo Lava Jato.
La junta de la Asociación Nacional de Fiscales de la República (ANPR) formó el coro, declarando que “lamenta la decisión de la Corte Suprema (STF)”. En un comunicado, la entidad dijo que el cambio en la comprensión de la Corte es un “revés en la lucha contra el crimen”.
En el texto, el ANPR evalúa que el nuevo entendimiento “será responsable de reforzar la duración de la justicia y alentar la proliferación de recursos demorados como antídoto para evitar la aplicación de las sanciones establecidas por las instancias ordinarias”.
El fiscal Victor Hugo Azevedo, presidente de la Asociación Nacional de Miembros del Servicio de Fiscalía (Conamp), una entidad que reúne a 16,000 miembros de parlamentarios estatales, subrayó la preocupación “por la probable reacción legal, que dificulta la represión de los delitos, favoreciendo la prescripción de delitos graves, generando impunidad e inestabilidad legal”.
Con información de Agencia Brasil
