La Cámara de Diputados de Chile aprobó, por 79 votos a favor y 73 en contra, la cuestión previa para dar paso a la acusación constitucional contra el presidente chileno Sebastián Piñera dejando de esta forma invalidados los argumentos entregados por la oposición para sancionar e inhabilitar al mandatario por violación a los Derechos Humanos en el transcurso de las movilizaciones sociales que se producen en la nación austral desde el pasado 18 de octubre.
La cuestión previa se refiere a si la acusación constitucional cumple, o no, los requisitos para presentarse al Senado y ser votada, como sucedió en el día de ayer con el ex ministro del Interior y Seguridad Pública Andrés Chadwick. Se aprobó dicha cuestión, así que se determinó que la acusación constitucional a Piñera no cumple con los requisitos, acto por el cual se entiende por no presentada esta iniciativa en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera.
En este sentido los parlamentarios de oposición preveían sancionar la responsabilidad política que le cabe al mandatario chileno por las graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones en su calidad de jefe del Estado, argumentando que en las protestas se produjo una respuesta represiva contra los ciudadanos, así como una actitud permisiva a la violación generalizada de los DDHH por parte de las fuerzas armadas y Carabineros.
“Es la cabeza del Gobierno, lo que supone la existencia de un sistema jerárquico y coordinado, donde las acciones del órgano público se pueden reconducir a la cabeza de este (…) Se le imputan decisiones conducentes a acciones y omisiones que luego habilitaron o permitieron la actuación material de otros agentes estatales aguas abajo, de manera tal que la responsabilidad por estos actos le resulta plenamente atribuible”, planteó el diputado socialista Gastón Saavedra.
Por su parte el diputado oficialista Gastón Von Mühlenbrock consideró esta acusación como “una oportunidad para desestabilizar este Gobierno” y recalcó que las eventuales vulneraciones a las leyes y protocolos policiales, así como violaciones a los DDHH ocurridos durante el estado de emergencia deben ser abordadas a través de la justicia.
De la mismas forma se argumentó que la instancia no logra demostrar que actos del Mandatario fueron tendientes a cometer o permitir las violaciones a los DD.HH por lo que es equivocado plantear que la declaración de estado de emergencia tuvo como objetivo coartar las manifestaciones ciudadanas, sino que tuvo como norte enfrentar a los grupos violentistas que atacaban bienes públicos y privados y asegurar el orden público.
