El director Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco fue enfático en señalar que en Chile se ha incurrido en graves violaciones a los derechos humanos ejercidas por agentes del Estado, en particular por Carabineros de Chile, en el marco de las movilizaciones ciudadanas iniciadas el pasado mes de octubre, asegurando que estos no han respetado los protocolos en el momento de controlar a los manifestantes utilizando la fuerza desmedida, así como armas con perdigones.
“El Consejo del INDH ha llegado a la convicción de que, a la fecha, se han violado gravemente los derechos a la vida y la integridad física y psíquica”, dijo.
En esta forma la institución expresa su preocupación por las denuncias relacionadas con el uso indiscriminado de perdigones, torturas con connotación sexual y lesiones oculares. Ante esto, advierte que de acuerdo a las inspecciones realizadas en recintos hospitalarios al 30 de noviembre, hubo un total de 347 personas con heridas oculares, entre las que se cuentan estallidos del globo ocular, pérdidas de visión por trauma ocular irreversible y traumas oculares.
“Hay evidencia sobre el empleo indebido e indiscriminado de químicos lacrimógenos, carros lanza agua y escopetas antidisturbios (“perdigones de goma”), se refuerza la necesidad de debatir en un contexto democrático, cuáles serán las normas específicas que deben guiar el accionar de las policías al momento de cumplir una labor crítica como es mantener el orden público y la seguridad ciudadana”, señala el INDH.
Las declaraciones las realizó Micco en base al Informe Anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile en 2019 el que está centrado en la crisis social y política que vive la nación austral desde hace más de dos meses.
En este contexto afirmó que el Estado ha sido incapaz de garantizar el orden público y la seguridad ciudadana, al tiempo de faltar gravemente a su deber de proteger una serie de derechos humanos como el derecho a la vida, integridad personal, propiedad privada y libertad de circulación, entre otros aspectos.
De la misma forma el informe anual de 109 páginas especifica que las movilizaciones tienen su raíz en el desconocimiento por parte de la dirigencia políticas de las demandas de los ciudadanos, acotando que han pasado décadas de falta de respuesta del sistema político hacia estos requerimientos.
Por último insta a ejecutar el deber del Estado de garantizar la justicia, ante los hechos ocurridos, respecto de las víctimas de las violaciones a derechos humanos y de la sanción respectiva a quienes resulten responsables, al tiempo de urgir que los actores políticos y sociales encuentren vías de salida que permitan recuperar la paz y generar una cultura que garantice el ejercicio de los derechos humanos, respondiendo eficazmente a las demandas de justicia social.
